El caso beniano se origina en la denuncia de Inocencio Yubánure y Mary Luz Coímbra, asambleístas departamentales del Beni por el MAS, contra un funcionario, supuestamente vinculado con el Gobernador de ese departamento, que les ofreció un soborno a cambio de que no asistieran a una sesión de la Asamblea Departamental en la que se trataría un proyecto de ley departamental de Cesación de Mandato de Autoridades Electas que favorecería al mandatario beniano.
Coincidiendo con la denuncia de los asambleístas, se inició el jueves en Trinidad un congreso nacional del sector campesino, que implicó la llegada de representantes de todo el país, e inspiró en el Gobernador beniano temor por una reedición del caso Porvenir, y en el acusado de soborno por una nueva versión del caso Rózsa. Lo llamativo es que ambas ideas aluden a situaciones de violencia armada en las que la fuerza pública intervino para evitar males mayores.
El caso cruceño tiene su origen en la denuncia contra el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz presentada por Rosmery Gutiérrez Herbas y Roberto Carlos Cortez Soria, que el 17 de febrero se vieron favorecidos por una resolución de la Sala Civil Segunda que dispuso que la Asamblea los habilite y posesione como asambleístas indígenas por el pueblo Yuracaré-Moxeño, lo que no ocurrió hasta la fecha y significó que la Fiscalía disponga el viernes 6 la detención del acusado por los delitos de desobediencia a resoluciones en procesos y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Diversas instituciones y dirigentes cruceños calificaron la actuación del Ministerio Público como un abuso de autoridad y un ataque a la institucionalidad cruceña, y en el extremo el Gobernador del departamento denunció que se trata de una estrategia gubernamental para darle un «golpe de Estado».
Llamativamente, en ambos casos los denunciantes son indígenas, lo que muestra un cambio trascendental en la democracia boliviana, primero porque los sectores tradicionalmente excluidos de la política hoy participan en ella y segundo porque éstos apelan a los mecanismos legales para afirmar su derecho a la participación, en contra de quienes, como en los casos que se comentan, intentan escatimárselo.
Hay, pues, una tensión en el escenario autonómico, cuya resolución debiera orientarse a afirmar la transformación democrática antes que a sancionar a las autoridades que intentan impedirla.
