En efecto, las y los periodistas del país vienen debatiendo como pocas veces en la historia nacional los límites que el poder le impone al oficio periodístico y al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones, tanto como la idea de que el periodismo está, por definición, enfrentado al poder. El problema es que en muchos casos las y los profesionales de la información confunden el poder, en general, con el gobierno, que es apenas la forma institucionalizada de éste, favoreciendo, inadvertidamente, a otras manifestaciones de poder fáctico que no siempre responden al verdadero interés público.
Muestra de ello es la reducción de debates sobre asuntos generales a intereses de sectores particulares, como por ejemplo ha ocurrido con la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, cuando en vez de explorar la norma en toda su dimensión, la discusión mediática se concentró en torno a dos artículos de ella, que son, precisamente, los que aparentemente amenazan la libertad de expresión de los periodistas.
Al respecto, ratificamos nuestra posición a favor de las restricciones impuestas a la difusión deliberada de ideas racistas o discriminadoras, sobre la base de que la citada ley no establece mecanismos de censura previa, sino el reconocimiento de responsabilidades ulteriores, tal y como lo señala la doctrina sobre el derecho a la libertad de expresión.
Cosa distinta es el caso de la Ley del Régimen Electoral, donde sí es posible hallar argumentos que abonan la idea de una posible restricción a las libertades de prensa y de expresión, extremo que deberá ser cuidadosamente analizado por el Tribunal Supremo Electoral a fin de evitar más cuestionamientos que empañen el éxito de la histórica elección de autoridades del Órgano Judicial.
En todo caso, es saludable y bienvenida la creación, a instancias de la Asociación de Periodistas de La Paz, de un Consejo Consultivo Permanente de defensa de la libertad de expresión, constituido por siete notables profesionales de la comunicación, que tienen «el desafío de reivindicar el derecho a la libertad de expresión frente a la continua intención de conculcar ese derecho humano, constitucional y fundamental para la vigencia de la democracia».
Hacemos, pues, votos porque el Consejo Consultivo y el gremio todo aporten al debate elementos capaces de iluminar estas materias que, insistimos, son fundamentales para que la población goce del derecho a la información, base de cualquier modelo democrático.
