Con la publicación, ayer, de la Convocatoria a la presentación de postulaciones para los más altos cargos del Órgano Judicial ha comenzado oficialmente la cuenta regresiva hacia las históricas elecciones de miembros de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que deben realizarse el 16 de octubre.
Ha sido particularmente polémica toda la fase previa de aprobación del reglamento para la selección de candidatos, especialmente en lo referido, por una parte, al sistema de calificación de méritos de quienes aspiren a convertirse en autoridades judiciales y, por otra, a una supuesta vulneración de los derechos a la libertad de expresión y a la información.
Respecto de la calificación de méritos, es previsible que en el curso de las siguientes semanas la oposición haga ‘cuestión de Estado’ de, por una parte, la aplicación de criterios meritocráticos para seleccionar a las y los mejores en función de su experiencia académica y, por otra, la independencia política de quienes resulten seleccionados.
Habrá que estar vigilantes para evitar que los diplomas académicos se sobrepongan a la experiencia, que es la que debiera importar a la hora de impartir justicia; asimismo, allí donde pueda señalarse el compromiso de un postulante con el oficialismo, habrá que ejercer idéntica vigilancia para con aquellos que se adhieran a los partidos opositores.
En lo referido a la información sobre las y los candidatos, el reto es todavía mayor, pues sin información suficiente sobre los méritos y capacidades de quienes sean seleccionados, dará lo mismo votar por uno o por otro.
La ley obliga al Órgano Electoral a difundir estos datos, y en el curso del enconado debate algunos medios de comunicación han descalificado a priori a la institución electoral boliviana, lo que obliga a sus autoridades a mostrarse impecables en este proceso.
Al mismo tiempo, se ha insistido en que los medios de comunicación están impedidos de producir información propia sobre los candidatos, y algunos de ellos ya anunciaron que desacatarán la ley en nombre de la libertad de expresión.
La respuesta de las autoridades del Estado ha sido que en realidad lo que se pretende evitar es, primero, la habitual confusión entre información y propaganda y, segundo, toda posibilidad de discriminación de algunos candidatos a favor de otros, como ha sucedido en todos los procesos electorales anteriores.
Ingresamos, pues, en un periodo de alta intensidad en el que las autoridades electorales tienen el reto más difícil de su carrera para demostrar que las sospechas en su contra son infundadas, y los medios de comunicación afrontamos el desafío de demostrar que sí es posible informar de modo equilibrado, pero sobre todo completo.
En ambos casos, fallar implicará hacerle daño a la democracia.
