El entierro de restos humanos en cementerios clandestinos constituye una práctica corriente en las diferentes urbes del país. Por la premura, falta de recursos, comodidad, ausencia de controles e incluso por tradiciones culturales, barrios enteros y comunidades aledañas optan por instalar camposantos cerca de sus hogares. Sólo en La Paz se calcula que al menos 29 de estos espacios funcionan sin restricciones, lo que conlleva serios riesgos para la población,
El posible encubrimiento de asesinatos y homicidios es, sin duda, el más evidente, tanto más peligroso por cuanto las inhumaciones se realizan sin ningún control. Verbigracia, el caso de los tres turistas extranjeros que, en abril del 2006, fueron secuestrados, asesinados y enterrados en un cementerio clandestino de la periferia. Las condiciones deficientes de estos lugares y el tráfico de restos óseos implican, asimismo, serios riesgos sanitarios y sociales para los propios familiares y comunarios que viven en los contornos.
Urge, por tanto, una norma que regularice las características y el funcionamiento de estos camposantos y su pronta aplicación, pero también la construcción de nuevos cementerios estatales que regulen la creciente demanda de entierros, sobre todo en EL Alto, cuyos ciudadanos deben trasladarse a La Paz para tal efecto.
