No es que haya sorpresa en la protesta de los conductores sindicalizados, pues desde que se supo de la norma en cuestión, los dirigentes del gremio anunciaron su rechazo, sino que es una nueva muestra de cómo el sector aprovecha la coyuntura para adherirse a un supuesto descontento popular (por la legalización de los chutos) e introducir su agenda. Y han ido más allá, pues si el Gobierno no atiende su inaceptable demanda de que se retire el decreto hoy mismo, prometen iniciar un paro de 48 horas mañana jueves.
De acuerdo con la explicación del máximo dirigente del gremio, de aplicarse la norma, el 95% de los conductores quedaría sin su «instrumento de trabajo», preocupante revelación que sólo confirma la muchas veces señalada depauperación del sistema de transporte público y explica el alto nivel de siniestralidad que caracteriza al sector.
Por su parte, el Ministro de Obras Públicas ha explicado, por un lado, que en el decreto se establece un plazo de siete años para que los choferes renueven su parque automotor y que será recién en el 2018 cuando los vehículos con más de 12 años de antigüedad no podrán usarse para transportar pasajeros. Por el otro, dijo que los gobiernos municipales y departamentales están obligados por la norma a ejecutar políticas públicas de fomento al sector, precisamente para evitar que los conductores pierdan su fuente de ingreso.
Por otra parte, es precisamente este aspecto el que determinará la obligación de los gobiernos locales de intervenir efectivamente en el siempre problemático ámbito del transporte público de pasajeros, pues a las políticas de fomento deberán corresponder mecanismos de control público y obligaciones de los beneficiarios.
Así, por donde se lo mire, el DS 890 es bueno, pues obligará a los choferes a buscar y encontrar mecanismos que les permitan renovar y, ojalá, mejorar su parque automotor; a las autoridades, a controlar la calidad de los vehículos y, esperemos, del servicio; y a la población, a ser más exigente, pues hasta ahora, por la necesidad de transportarse, el que más y el que menos termina aceptando las degradantes condiciones que imponen los conductores de buses, minibuses y trufis, muchos de los cuales, además, están a un paso de convertirse en chatarra.
Hacemos votos para que la decisión gubernamental, traducida en el DS 890, prevalezca, y en un futuro podamos dejar de hacer este tipo de comentarios, lamentando la paupérrima situación del transporte de personas en Bolivia.
