Esta constatación, fruto de la posición y actitud de los transportistas respecto de la obligación de retirar del servicio público hasta el año 2018 todos los vehículos fabricados antes del 2006, que los dirigentes han desdeñado sin mayores consideraciones, en nombre de los propietarios y conductores de coches viejos, que suman, según sus propios datos, 95% del parque automotor.
Sostenidamente afirman los portavoces y representantes de los transportistas que el sector es deficitario, e insisten en la necesidad de incrementar tarifas. Lo que no reconocen es que el sector es altamente favorecido con subvenciones directas e indirectas.
En efecto, los datos que se tienen sobre la economía del transporte público urbano muestran que el sector goza de una aplicación parcial de normas tributarias, ejemplo de ello son las empresas de radiotaxis que cobran arbitrariamente y no entregan factura por sus servicios. Asimismo, debido a la alta informalidad en la contratación de conductores, no se tiene noticia de ninguna empresa del sector que garantice los derechos laborales de sus trabajadores.
A estas precariedades debe sumarse el costo de la subvención a los combustibles, que les beneficia directamente en la medida en que son el insumo básico de su labor. Asimismo, se sabe que gozan de una especie de coparticipación en las recaudaciones de rosetas de inspección técnica. También se sabe que las recaudaciones de Vías Bolivia por los peajes que paga el transporte es insuficiente para pagar el costo de mantenimiento de las carreteras. Las estadísticas muestran que es un sector en permanente crecimiento, como lo prueba, por ejemplo, el hecho que el número de minibuses aumentó 150% en 10 años, y el de micros en 30%. Los expertos se preguntan, ¿puede haber un crecimiento semejante en un sector en decadencia?
También es evidente que la precariedad del parque automotor del sistema de transporte público es responsable de al menos la mitad de la contaminación ambiental de las ciudades. ¿Es esto lo que defienden los dirigentes que desahucian la iniciativa de reemplazar, en un plazo de siete años, los coches viejos por otros nuevos, más eficientes?
Estamos, pues, en un momento particularmente crítico en el sector del transporte. Sus argumentos y sus medidas de presión hoy sólo alimentan el rechazo de la población. Este estado de crisis debiera ser ocasión para transformar el estado de cosas. El DS 890 es un primer paso.
