En efecto, del encuentro de dos días emergió una abultada agenda de acciones que deben desarrollarse para luchar eficazmente contra la delincuencia y sus efectos en la vida cotidiana de la población, que van desde un conjunto de leyes específicas hasta campañas de educación ciudadana a través de los medios de comunicación, pasando por una mayor asignación de recursos a través, por ejemplo, de la asignación de parte de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El Ministro de Gobierno fue el encargado de resumir los acuerdos alcanzados y que se plasmaron en un Acta de Compromiso, donde se señala que las instituciones desarrollarán acciones conjuntas para apoyar y efectivizar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el ámbito de sus competencias, pero bajo una estricta coordinación.
Así, en el ámbito normativo se acordó el fortalecimiento del sistema legal a través de un Plan de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto debe ser elaborado en base al consenso. Asimismo, en este ámbito se trabajará una ley contra el expendio excesivo de bebidas alcohólicas y otros estupefacientes, al igual que una norma contra el hurto, robo y comercialización ilegal de autopartes, así como la aprobación del proyecto de Ley de Armas y Explosivos con sanciones penales a los infractores.
Respecto de la asignación de recursos desde todos los niveles de gobierno, el acuerdo fue destinar al menos el 10% del IDH a las tareas de seguridad ciudadana, incluyendo apoyo al fortalecimiento de la Policía, así como del sistema penitenciario y la creación de unidades de rehabilitación para las personas que hayan cometido delitos.
Finalmente, también se acordó dar a la educación la importancia que merece, fomentando la cultura de paz en el país con énfasis en el papel que les corresponde a la familia y a la escuela. Los medios de comunicación también fueron considerados como agentes clave en el cambio de actitudes, tanto por la vía de difundir materiales educativos como por la de reducir sus contenidos violentos.
Sin embargo, ha llamado la atención la falta de más reflexión sobre las causas estructurales que motivan la violencia y la inseguridad, siendo la pobreza la primera de ellas.
Aún así, ya hay claridad sobre la ruta a seguir en este tema que unifica intenciones y voluntades por encima de cualquier diferencia ideológica. Ojalá que los discursos se transformen en acción en el plazo más breve posible.
