Tras haberse reconocido en la Cumbre sobre Seguridad Ciudadana, llevada a cabo semanas atrás, que el excesivo consumo de bebidas alcohólicas es una de las causas de la inseguridad, el oficialismo ha tomado la iniciativa y propuso, en el ámbito Legislativo, un proyecto de ley contra el alcoholismo, y en el Ejecutivo, un proyecto de decreto que regula la venta de bebidas.
En efecto, luego de la señalada Cumbre, el Presidente volvió a referirse al flagelo del alcohol en la sociedad, apuntando a la necesidad de limitar su consumo, y la muestra de que no es el único que piensa así está en que los proyectos normativos han sido elaborados en cuestión de semanas. Las reacciones a la idea de limitar la venta de bebidas alcohólicas y sancionar su excesivo consumo ha sido, previsiblemente, de apoyo a la iniciativa, aunque resta ver cómo se desarrollará el comentario público cuando el tema esté en debate legislativo.
Por lo que se sabe, el proyecto de ley sobre consumo de bebidas alcohólicas, que es parte de las medidas de seguridad ciudadana que el Gobierno impulsará en el territorio nacional, contempla sanciones para las personas que transiten en estado de ebriedad pasadas las 02.00, incluyendo su aprehensión, y la reglamentación del funcionamiento de locales de expendio de bebidas alcohólicas como bares, cantinas, discotecas, salones de fiesta y otros.
La propuesta incluye también sanciones a los menores de 18 años que compren y beban alcohol, los que serán castigados con trabajo social y comunitario, al igual que los adultos; sólo que éstos, en caso de ser reincidentes, serán remitidos a un centro de salud o de rehabilitación. También se ha previsto sanciones a los padres de menores de edad que sean descubiertos bebiendo alcohol.
Por su parte, el proyecto de decreto supremo, elaborado en el Ministerio de Gobierno, apunta en el mismo sentido; y se ha conocido que prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en locales entre las 6.30 y las 18.30, con algunas excepciones.
Asimismo, prohíbe la venta y consumo de alcohol en vía pública, en espacios de recreación y paseo, en vehículos de transporte público y privado; sanciona la venta a menores de 18 años y también incluye sanciones que van desde multas hasta trabajo comunitario.
Desafortunadamente, los impulsores de estas normas no mencionaron cuáles son las medidas complementarias a las punitivas y restrictivas hasta aquí nombradas. Ciertamente es de vital importancia el qué se propone para educar a la población, pues el problema es más que solamente demasiada permisividad en los espacios públicos.
Lograr que la sociedad boliviana, y no sólo los individuos, deje el alcohol requerirá un cambio profundo de la cultura en todas sus manifestaciones, y es previsible que seguir únicamente la vía de la restricción provocará más reacciones indeseadas que resultados tangibles.
