Al igual que muchos otros países, Bolivia atraviesa por una profunda crisis carcelaria, con recintos penitenciarios que adolecen de sobrepoblación, y que se muestran incapaces de garantizar un trato justo y humanitario para los reos. Entre los principales factores que explican este hacinamiento se encuentran algunas de las falencias de la Ley 1008.
Por ejemplo, esta norma no establece ninguna diferencia entre el microtráfico y los grandes narcotraficantes, de modo que, independientemente del volumen de droga implicada, las penas van desde un año para productores de sustancias controladas hasta 25 años por tráfico. La ley también sanciona el uso de drogas y castiga la posesión para uso personal con internamiento y tratamientos forzosos.
Resultado de esta tipificación, las cárceles se encuentran saturadas por personas implicadas en este ilícito negocio, pero que pertenecen mayoritariamente a los eslabones más débiles, pobres, vulnerables y fácilmente sustituibles en la cadena el narcotráfico. Previsiblemente, su reclusión prolongada no ha significado un gran logro en cuanto a la reducción del tráfico ilegal de drogas. Por todo ello, huelga resaltar la intención de establecer márgenes mínimos de consumo para personas adictas, contemplada en el proyecto de Ley de Sustancias Controladas.
