La presentación del estudio sobre el consumo tradicional de la hoja de coca en el país y otros usos legales está prevista para el 10 de septiembre. Se trata de un cálculo largamente esperado, que permitirá conocer con mayor precisión la cantidad de coca que se desvía hacia el narcotráfico. El Viceministro de Defensa Social ha adelantado que estos datos le permitirán al Gobierno comprar el cultivo excedentario, para de esta forma reducir la producción de cocaína. Al respecto, algunas voces han manifestado su rechazo, pues los recursos para esta transacción saldrán del Tesoro General de la Nación, es decir, de los impuestos que pagan todos los bolivianos, y que podrían destinarse a favor del desarrollo de todo el país, y no sólo de un sector en particular.
Ahora bien, como se señaló anteriormente en este mismo espacio, cualquier acción orientada a erradicar el tráfico de drogas debería ser bienvenida, pues se trata de uno de los negocios ilícitos más nefastos, que viene siempre acompañado de los peores males, como asesinatos, prostitución o corrupción generalizada, que terminan desestructurando el tejido social. Y en este sentido, además del origen de los recursos que servirán para comprar la coca excedentaria, habría que preguntarse sobre la efectividad de esta estrategia.
