En medio de una aparente ola de conflictos desatada esta semana, con marchas y bloqueos en diferentes partes del país, casi todos ellos en demanda de obras públicas, sinónimo de desarrollo para el común de la población, llama la atención el movimiento generado en Guarayos y la Chiquitanía por propietarios de vehículos indocumentados que exigen una reducción del costo de los aranceles y las multas por la legalización y nacionalización de sus coches y motocicletas.
Quienes más entusiastas se han mostrado en los bloqueos fueron los mototaxistas chiquitanos, pues afirman que no podrán pagar el arancel señalado por ley. Piden, a nombre de su derecho al trabajo, una nueva excepción, que se suma a la criticada determinación de permitir la legalización de los vehículos chutos.
Asimismo, han pedido que se presuma su buena fe a la hora de aplicar las multas. Sin embargo, es por lo menos dudosa la buena fe de quien compra un bien que sabe ha sido importado ilegalmente o, peor, está directamente involucrado en el contrabando. Lo más irónico es que los bloqueos han impedido el tránsito de personas y mercancías entre Santa Cruz y Beni, en una suerte de prueba de que la polémica carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es nomás necesaria para vincular al Beni con el resto del país.
