Para resolver este problema en particular, el Gobierno ha promulgado el jueves un decreto supremo que dispone que el 10% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se destinan a las universidades públicas sea dedicado a la entrega de becas de estudio. Asimismo, el 5% del IDH deberá ser destinado a «financiar infraestructura y equipamiento» (albergues, guarderías infantiles, comedores y complejos deportivos).
Se tiene, así, por fin, una verdadera política de fomento a la formación profesional de las nuevas generaciones de bolivianos, que ya no será un privilegio de quienes provienen de los sectores sociales más privilegiados o, cuando menos, fruto de un esfuerzo extraordinario de quienes, careciendo de los recursos suficientes, deben trabajar para financiar sus estudios, no siempre en las mejores condiciones.
La señalada política de fomento, además, no es simplemente una muestra de la particular sensibilidad de las autoridades de gobierno, sino que, como dijo el Presidente del Estado en el acto de promulgación del decreto, «el Estado Plurinacional necesita de nuevos profesionales», pues «la batalla para un liderazgo mundial como Estado o como nación o como país es conocimientos científicos».
En efecto, se sabe que, por una parte, hay diversas áreas estratégicas para el Estado para las que es particularmente difícil encontrar profesionales no sólo comprometidos, sino fundamentalmente bien preparados; por otra, allí donde es posible encontrar una oferta laboral suficiente, el sector privado ofrece mejores condiciones laborales, absorbiendo toda la capacidad profesional disponible.
Con una universidad pública que sea capaz de ofrecer más y mejores condiciones para el estudio de las y los jóvenes, es previsible que el país mejorará su oferta de recursos humanos, ojalá que en concomitancia con el desarrollo industrial y de otros sectores estratégicos que el Gobierno viene impulsando. Por ahora, ha quedado en manos de las autoridades del sistema universitario nacional la tarea de diseñar el reglamento que haga operativo el decreto supremo, para lo cual se les ha dado un plazo de 15 días.
Pero no sólo deberán apurarse en reglamentar el decreto, sino que también tendrán que asegurarse de que esos recursos sean efectivamente destinados a favorecer a los más aptos y más necesitados, de lo contrario, los recursos del IDH, en vez de favorecer el desarrollo, serán fuente de prebendas y abusos inaceptables.
