En efecto, está anunciado que hoy el gabinete ministerial evaluará y posiblemente aprobará un proyecto de decreto supremo en el que se establece que entre el 1 de septiembre y marzo del próximo año la hora en todo el territorio nacional se adelantará una hora para aprovechar mejor la luz del día y, de esta manera, reducir el consumo eléctrico en horas pico (de 19 y 22 horas).
Según las autoridades del ramo, la medida permitirá una reducción de entre 20 y 30 megavatios (MW) en la demanda diaria. Esta reducción otorgará un respiro a los responsables de la provisión de energía eléctrica en el país, que observan cómo la brecha entre capacidad disponible y demanda se acorta a niveles críticos, pues, según el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), hasta la semana pasada, la generación máxima fue de 1.102 MW, mientras que la demanda llegó a 1.050, lo que significa que el ahorro impuesto por el cambio de horario será realmente marginal, pero igualmente útil considerando la situación. Las autoridades explicaron que esta disminución también producirá un ahorro en el combustible empleado para la generación termoeléctrica, que se cifra en varios millones de bolivianos.
Sin embargo, la verdadera dificultad no estriba en hacer más o menos convincente la argumentación técnica, pues hasta ahora los empresarios privados, a pesar de tener dudas sobre la efectividad de la medida, se han pronunciado a favor de ella, sino en imponerla a la sociedad en general, sobre todo considerando que apenas resta una semana para el inicio del supuesto nuevo horario en el país.
Algunas voces críticas frente a esta iniciativa han señalado como un posible obstáculo la dificultad de cambiar los hábitos de las personas. Mal mirado, el cambio consiste en simplemente adelantar el reloj, acostarse y levantarse más temprano. Visto con mayor detalle, consiste en una operación con previsibles reacciones sociales, así sea sólo por la natural tendencia humana a resistir cualquier cambio más o menos significativo en sus costumbres.
Con todo, la medida no puede ser descartada a priori sólo por el temor a la resistencia al cambio. Antes bien es deseable que las autoridades hagan un genuino esfuerzo por difundir el alcance y razones de la iniciativa, pero sobre todo por motivar a la población a acostumbrarse al nuevo horario, pues, de lo contrario, estaremos ante un lamentable fracaso de política pública.
