Se trata de la Ley 2685, de Promoción Económica de la ciudad de El Alto, promulgada el 2004 con los objetivos de establecer condiciones adecuadas para nuevas inversiones productivas en la urbe alteña; lograr una mayor producción regional con valor agregado; generar nuevas fuentes de empleo; incrementar la actividad económica y elevar la calidad de vida de la población; e involucrar a la pequeña, mediana y gran empresa, universidades y otros centros educativos, a fin de promover actividades de desarrollo científico y tecnológico productivo.
En esencia, la ley otorga exención impositiva por 10 años en Impuesto sobre Utilidad de las Empresas (IUE), pago del Gravamen Arancelario (GA) e Impuestos al Valor Agregado (IVA), además de que toda nueva construcción queda exenta del pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles por un período no mayor a tres años. Asimismo, el Oficial Mayor de Desarrollo Económico y Productivo del Gobierno Municipal alteño explicó que también está contemplado el descuento de otros impuestos de dominio municipal para el mejoramiento urbano y barrial.
Considerando no sólo el éxito obtenido por los establecimientos industriales que se acogieron a la Ley 2685, sino sobre todo el interés estratégico que tiene para el desarrollo urbano de El Alto, el municipio de esa ciudad ha presupuestado este año una campaña de «socialización» de la norma que, según el responsable del proyecto, consiste en difusión publicitaria en medios de comunicación y la realización de seminarios para diferentes grupos, entre ellos, estudiantes, empresarios y microempresarios, además de otras personas interesadas. La decisión de impulsar una campaña de esta naturaleza se basa en la evidencia de que la falta de información ha sido una de las causas para que no existan más empresas bajo el paraguas de esta normativa.
Se trata, pues, de una iniciativa que ya fue bienvenida en el momento de la promulgación de la norma, en un contexto en el que las y los alteños aún estaban restañando las heridas producidas por la violencia de octubre del 2003 y en el que era evidente que detrás de la movilización política estaba el malestar social producido por la pobreza y la falta de oportunidades para grandes segmentos de esa población.
Los objetivos de la norma siguen siendo igual de válidos hoy; por ello, es deseable que la campaña de difusión sea exitosa y se traduzca en más empresas instalándose para producir en El Alto.
