Las mujeres con poder o en el poder han incomodado al patriarcado desde que éste existe. Su reacción siempre ha sido la misma: acosarlas, doblegarlas; y cuando no fue posible, castigarlas, aislarlas o eliminarlas. Ocurre también en Bolivia. Según la Asociación de Concejalas, entre 1999 y abril de 2010 se denunciaron 572 casos de acoso y violencia contra mujeres ediles y alcaldesas.
El caso más reciente es el asesinato de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe. Grupos vinculados a organizaciones campesinas le impidieron ejercer el cargo por 20 meses, y a 32 días de haber recuperado su derecho, gracias a una sentencia judicial, la asesinaron.
Ha coincidido con este trágico suceso la aprobación en detalle del proyecto de ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, iniciativa presentada por la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) en 2001, y que hasta ahora no había merecido mayor atención de parte de las y los legisladores bolivianos.
Según el proyecto de ley, el acoso político es el acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una o un grupo de personas. La violencia política se entiende como las acciones, conductas y/o agresiones físicas y psicológicas cometidas por una o un grupo de personas. Ambos casos, una vez vigente la norma, serán considerados delitos penales con condenas de dos hasta ocho años de cárcel.
En una encuesta realizada por la Acobol a 279 mujeres, entre alcaldesas y concejalas que concluían su gestión en 2010, se determinó que el 37% de la violencia política ejercida sobre ellas es psicológica y el 27%, física. El 38% corresponde a amenazas, el 9% a hostigamiento, el 7% a persecución y el 46% a presiones. Las causas tienen que ver con que, desde el cargo, la mujer denuncia actos de corrupción (16%), abuso de autoridad (19%), falta de fiscalización (15%), irresponsabilidad en el trabajo (8%), diferencias laborales (14%) y diferencias en el partido (28%). Las agresiones son repetitivas en el 69% de los casos y van desde dos hasta 30 veces.
Por otra parte, la Constitución Política del Estado prevé que “la participación será equitativa y en igualdad de condiciones para hombres y mujeres”, principio refrendado en el Código Electoral y la Ley de Régimen Electoral. Desafortunadamente, estas prescripciones normativas, que en efecto han posibilitado una creciente participación femenina en la esfera política, siguen afrontando las peores manifestaciones de una cultura patriarcal fuertemente arraigada en el país.
Urge, pues, la aprobación de la ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, así como asegurarse de que será apropiada por la población y, sobre todo, aplicada por fiscales y jueces. De ser así, habrá un camino abierto para la despatriarcalización.
