Llama la atención que el Gobierno de Evo Morales brinde todas las garantías a la IX Marcha Indígena que partió el viernes desde Trinidad hacia La Paz. Es interesante porque no hizo lo mismo el año pasado, cuando la movilización tuvo que sufrir hasta una brutal represión policial en la comunidad de Chaparina, en el Beni.
Recordemos que esa intervención (del 25 de septiembre de 2011 y que aún no tiene culpables) hizo tambalear la gestión de Morales, provocando la renuncia del entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti y la detención domiciliaria del exsubcomandante de la Policía Óscar Muñoz.
Hoy, siete meses después, altas autoridades de Gobierno, entre ellas el ministro Carlos Romero, califican la IX Marcha como una movilización “legítima”. Hasta se negoció el desbloqueo de la vía que une Trinidad con San Ignacio de Moxos —donde los mojeños piden la carretera por el TIPNIS— para que la columna indígena tenga el paso expedito.
Eso no sucedió la pasada gestión. Si recapitulamos, cuando la marcha llegó a San Borja y mientras se instaló la mesa de diálogo en esa localidad, un grupo de los denominados “interculturales” —que son los colonizadores— decidió bloquear Yucumo para evitar que la movilización siga su paso hacia la sede de gobierno.
Ese bloqueo ocasionó que la marcha se estanque en Chaparina por varios días, y en ese lapso el Gobierno no hizo nada para intentar despejar la ruta. Debido a la inoperancia luego sucedieron dos amargos episodios: el secuestro del canciller David Choquehuanca por parte de los indígenas, que lo utilizaron como escudo humano para intentar pasar Yucumo, y la represión policial, que fue al día siguiente del secuestro y donde varios dirigentes fueron heridos.
¿Será que el Gobierno recordó hoy estos amargos antecedentes y no quiere sufrir las consecuencias del año pasado? A tal extremo que la administración de Morales ofreció resguardo policial y garantizó que la vías estarán expeditas para que la columna pueda llegar a su destino.
La marcha recorrerá unos 620 kilómetros, lo que significa por lo menos 35 días de caminata. Con la promesa gubernamental, la columna indígena no tiene excusa para estancarse y denunciar que el Gobierno intenta evitar su llegada a la sede de gobierno. Ojalá que los bandos —y en este caso se suman terceros que piden la vía— no pretendan encender chispas que acaben en posibles enfrentamientos ¿Cómo acabará? No sabemos, pero según como se pinta, la movilización debería llegar a La Paz sin ningún problema.
