Primero de mayo, día de los trabajadores y de nacionalizaciones. No puedo evitar la tentación de releer el mundo de los trabajadores a seis años del proceso de cambio; por tanto, de las nacionalizaciones me ocuparé en la siguiente entrega.
Cada 1 de mayo los dirigentes de la COB modelo 1952 desempolvan sus viejos discursos salarialistas, actualizan sus demandas salarialistas y salen a marchar con sus protestas… salarialistas. Todo ello, bajo el cobijo de la gloria de los apergaminados postulados de la Tesis de Pulacayo y encima de una estructura sindical petrificada desde hace más de medio siglo.
Pues bien; el gobierno de Morales sistemáticamente ha incrementado el salario mínimo y ha decretado incrementos porcentuales salariales desde sus inicios, con todas las limitaciones que se le pueden achacar al país, a la gestión de gobierno, a los ministros de trabajo, etc. Y sin embargo, la vieja COB modelo 1952 sigue en las calles pidiendo mayor incremento salarial.
Este año, por primera vez en la historia de Bolivia, el Gobierno convocó a empresarios y trabajadores a sentarse a la mesa y discutir los parámetros del incremento salarial. La COB modelo 1952 hizo exactamente lo que se espera de una entidad del siglo pasado: se negó a participar. Resultado: incremento salarial consensuado sólo con los empresarios.
Desde 2006 hasta la fecha se ha derogado el “maldito” artículo 55 del 21060, se ha decretado la inamovilidad para quienes esperan familia hasta el año del nacimiento del bebé, otorga días de licencia a padres de recién nacidos, etc. Es decir, fuera de los temas salariales, ese puñado de trabajadores privilegiados que gozan de la protección de la Ley General del Trabajo han visto crecer sus privilegios en una proporción inédita desde el regreso de la democracia. En otras palabras, más derechos para los mismos de siempre.
Es decir, que la gama de derechos se ha ampliado. Pero no se ha ampliado la gama de los derechohabientes. Me explico: los compañeros cobistas se olvidan (con una amnesia selectiva digna de manual psiquiátrico) que ni bien salen a la acera de su fábrica, otros trabajadores —los cuenta propia, los artesanos, los trabajadores familiares no remunerados, los destajistas y otros muchos— siguen con las mismas condiciones laborales de hace 30, 40, o 50 años. Es decir, las que buenamente le pueden negociar, siempre de manera individual, al patrón, al padrino, al comerciante que lidera la red de cuentapropistas.
Por su parte, el Ejecutivo —en su afán por adherir a su programa de gobierno a los trabajadores— continúa dando oxígeno a una COB obsoleta, que se reserva un tratamiento casi señorial para los estratos de trabajadores que no provienen de la fábrica o del centro minero; para muestra, basta la postergación que sufren las trabajadoras del hogar.
Pues bien; la gran masa de trabajadores del país: aquella masa no sindicalizada, nómada, “informal”, en suma, no protegida por la Ley General del Trabajo no tiene nada que esperar de la COB de 1952, pero sí puede y debe esperar algo del Gobierno que enarbola las banderas de la inclusión y la diversidad, y que ha consolidado como postulado constitucional aquello de la economía plural. 2012 es un buen momento para ampliar la ciudadanía del trabajo; la masa de los que gozan de derechos por ser trabajadores. Si postergamos este acto de justicia para 2013, para 2014 o 2015, seguirá siendo un buen momento porque, a diferencia de lo que pasa con los privilegiados de la COB de 1952, la masa de trabajadores desprotegidos del país seguirá creciendo.
