Como viene sucediendo desde 2006, el 1 de mayo el Gobierno decretó una nueva nacionalización. Esta vez, el Decreto Supremo 1214 dicta la expropiación de las acciones de la Red Eléctrica Internacional SAU, subsidiaria de Red Eléctrica de España, en la empresa Transportadora de Electricidad SA (TDE). Previsiblemente, la medida causó polémica en Bolivia y el extranjero.
La decisión se sustenta en el artículo 378 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece como facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética, y el artículo 3 del Decreto Supremo 29272, que dispone que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) tome el rol estratégico de participación en todo el sistema de producción de electricidad: generación, transporte y distribución.
Al igual que en los casos anteriores, el decreto supremo instruye a ENDE pagar el monto correspondiente al total del paquete accionario de la sociedad Red Eléctrica Internacional SAU, equivalente al 99,94% de las acciones, después de un proceso de valuación que se encargará a una empresa independiente contratada por ENDE en un plazo de 180 días hábiles. Asimismo, el decreto garantiza la continuidad laboral y demás derechos de todos los trabajadores, exceptuando los cargos jerárquicos.
Previsiblemente, el Gobierno de España calificó de “negativa” la nacionalización boliviana de una de sus empresas eléctricas; y en consonancia, la Unión Europea se declaró “preocupada” por la expropiación, lo mismo que el Gobierno de EEUU, que considera que la acción “empaña el clima de inversión” en el país.
Por su parte, algunos economistas consultados por este diario se mostraron escépticos frente a la necesidad y la efectividad de la medida, señalando que, por una parte, la empresa no presentaba problemas de gestión y, por otra, que cabe la posibilidad de que en un contexto de administración pública la eficiencia del servicio se vea afectada, particularmente considerando que en el ámbito de la generación eléctrica hay problemas no solucionados luego de la nacionalización de las empresas generadoras en 2010.
Al respecto, y como uno de los argumentos esgrimidos para justificar esta nueva nacionalización, las autoridades gubernamentales insistieron en el hecho de que TDE invirtió poco en Bolivia. “Esta empresa era rentable, casi no hubo ninguna capitalización, ninguna inversión. En 17 años, apenas había invertido 81 millones de dólares”, afirmó el Presidente del Estado en su discurso de ocasión.
No hay razón para creer, a priori, que la administración pública sea menos eficiente que la privada, al menos en ámbitos como el que motiva este comentario, y sin embargo cabe exigir que, tras la nacionalización, no sólo mejore la eficiencia, sino, sobre todo, que haya cambios en el precio que pagan los usuarios del servicio eléctrico.
