Ante el incumplimiento de los acuerdos de la octava marcha, ahora, que nuevamente los indígenas de tierras bajas y sus aliados están marchando para reivindicar derechos que son fundamentales para sus pueblos y para la conservación del medio ambiente, es oportuno ser precisos en el lenguaje para situar los temas y problemas en una adecuada dimensión para comprender el alcance del conflicto, que politiza un asunto de derechos humanos vinculado a un modelo de desarrollo inviable.
Hace pocos días, un analista político decía acertadamente que los indígenas estaban poniendo en cuestión “el núcleo del poder del sujeto histórico que gobierna y su plataforma ideológica”. Nosotros queremos añadir que a su vez los indígenas están siendo cuestionados en su legitimidad y representación, y que su organización matriz pretende ser debilitada en una acción altamente politizada de parte del Gobierno, que ha reaccionado firmando acuerdos bilaterales con cada una de sus centrales intercomunales, ofreciendo recursos tecnológicos, prometiendo activar recursos financieros y el cumplimiento de políticas abandonadas inscritas en las leyes recientes, muchas de ellas exigidas por el sector indígena.
No cuestionamos los acuerdos suscritos por el Gobierno, más bien esperamos que sea de buena fe su voluntad de retomar medidas efectivas hacia los pueblos indígenas de las tierras bajas. Pero nos preocupa que ello se pretenda hacer a costa de vulnerar el patrimonio natural del país y desatendiendo sus formas de vida y las condiciones materiales básicas que hacen a la integridad de sus territorios y los recursos naturales que comprende.
El Gobierno está negociando políticamente medidas económicas y sociales, dejando de lado asuntos fundamentales que atañen a la condición indígena de los pueblos del Estado Plurinacional; es decir, aquellos derechos que sólo son realizables colectivamente. No es posible procurar un desarrollo sostenible sin garantizar la vida y la reproducción de la base material del bosque, que constituye el hábitat que posibilita la existencia de los pueblos indígenas amazónicos. El patrimonio natural de la nación, la biodiversidad atesorada en sus bosques, históricamente ha sido consustancial al modo de vida y cultura de los pueblos que lo habitan. Un desarrollo sostenible tiene que construirse con la gente que lo habita. No es posible subordinar a un supuesto interés nacional los intereses locales, como tampoco los intereses de la población local pueden destruir la armonía de la relación entre el ser humano y la naturaleza.
Bolivia es un país de avanzada en sus declaraciones de derechos de los pueblos indígenas, y su realización efectiva pasa por el reconocimiento de la autonomía política cultural de la CPE. Además, las leyes internacionales ratificadas por el país reconocen que son intrínsecas al ejercicio de sus derechos colectivos.
