En efecto, pese al enorme perjuicio causado a la ciudadanía y a una gran parte de las actividades cotidianas por el paro, tal vez uno de los más duros de que se tenga memoria, la población reaccionó en favor de un cambio en este estado de cosas y se hizo evidente la necesidad de acabar con esa suerte de monopolio del negocio que tienen los sindicatos de choferes, para posibilitar un servicio más eficiente y de calidad.
La protesta de los transportistas, que en el fondo tenía el objetivo de lograr un incremento en las tarifas, razón por la cual obtuvo la adhesión de las federaciones de otros cinco departamentos, tuvo como demanda inmediata la abrogación de la Ley Municipal 15. Las autoridades locales se mantuvieron firmes en su decisión de no retroceder y, tras un tira y afloja en el que el Gobierno central se ofreció infructuosamente como mediador, lograron el viernes último un acuerdo de cuatro puntos que por lo pronto desactiva el conflicto.
El primero de los puntos del acuerdo establece que habrá una ley aclaratoria para precisar la concordancia de los artículos 12, 17 y 105, referidos al control municipal del servicio y la creación de una Guardia Municipal de Transporte; a la implementación de un sistema de transporte masivo; y a la diferenciación de sanciones que aplicarán la Alcaldía y el Organismo Operativo de Tránsito (OOT) para evitar que se dupliquen.
El segundo establece el funcionamiento de una comisión interinstitucional para analizar y discutir parámetros y metodología de un estudio de costos que equilibre la calidad del servicio con la economía de todos los actores involucrados. El tercero señala que los choferes se comprometen a suspender todas las protestas. Y el cuarto se refiere al inmediato tratamiento del pliego de diez puntos presentado por la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (CUTUP).
Pero la sensación de que una batalla ha sido ganada no debe servir para creer que el conflicto de fondo, o el conjunto de sus causas, ha sido resuelto, pues, queda por delante el moroso proceso de implementación del sistema público de transporte masivo a cargo de la Alcaldía; la adaptación de los choferes al nuevo marco regulatorio, que se desea más estricto que el administrado hasta ahora por el OOT; y, fundamentalmente, aunque de esto se haya discutido poco o nada, la educación ciudadana para asegurar que todas y todos, y no sólo los choferes, respeten las normas.
