Horas después de la muerte de Teresa Guzmán, la esposa del director de El Diario, Jorge Carrasco, ocurrida el 10 de abril de 2002, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) condenó el hecho y lo atribuyó a una vendetta contra el periodismo. Lo había hecho con base en un informe de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), su asociada en Bolivia.
En realidad, las investigaciones establecieron que el caso se trató de un crimen. Sin embargo, en algunos gremios del periodismo por mucho tiempo se creyó que el móvil de la muerte fue enteramente vinculado al oficio.
En abril de 2011, otro caso enlutó al periodismo. David Niño de Guzmán, editor de la Agencia de Noticias Fides (ANF), apareció muerto. Luego de las pesquisas se determinó que la causa del fallecimiento no estuvo vinculada al trabajo periodístico. Otra vez algunas organizaciones del gremio, de aquí y de afuera, consideraron que el caso se trataba de una agresión a la libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo que no se descarta que el hecho tenga “móvil profesional”.
En esa misma línea, el entonces fiscal y ahora presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, dio su veredicto: Este caso “echa una sombra de inquietud sobre el trabajo periodístico, toda vez que existen algunas suposiciones que indicarían que su muerte se dio a consecuencia del trabajo que venía realizando en la ANF”, dijo a los medios.
Estos días, un nuevo suceso tuvo las mismas consideraciones. El asesinato cobarde de un colega de La Razón, Eugenio Aduviri, despertó susceptibilidades sobre la libertad de expresión. Con el título de “Reportes sobre las amenazas contra la libertad de expresión”, el portal digital de la APLP consigna el caso del compañero, el 15 de mayo.
Seguramente, éste último y el de los hermanos Peñasco serán registrados en el informe del Estado de la Libertad de Expresión 2012, de la ANP, único documento, válido o no, que existe en el país para establecer la situación del trabajo del periodista.
Según ese escrutinio, en 2011 hubo “46 agresiones verbales y físicas a periodistas y medios bolivianos”. Aunque el documento consigna el número de hechos por cada tipo de “agresión” (hubo dos casos de “retiro de publicidad estatal”), no explica el detalle de los casos, pero apunta a “sindicalistas, choferes, personas particulares, lecheros, loteadores de tierras, entrenadores de fútbol, policías, padres de familia y hasta activistas de derechos humanos”.
Llaman la atención en el registro de “alertas” un caso de “desplazamiento forzado, refugio y exilio” (el niño de una periodista, aparentemente) y otro de “intimidación/presión/vigilancia”.
Pero más llama la atención la inclusión de casos ajenos al ejercicio del periodismo en esas listas. Sinceramente, no creo que los asesinos de Aduviri y de los hermanos Peñasco hayan pensado en agredir la libertad de expresión; obraron contra la vida de un ciudadano. Así de simple. ¿Dieron muerte a la libertad de expresión? No. Ojalá no sean incluidos en el informe. Que no nos hagan creer que Bolivia es como México, donde la vida de un periodista está todos los días al filo de la muerte.
