Tuvieron que pasar diez años desde que el anteproyecto original fuera presentado al entonces Congreso de la República, pero sobre todo que decenas de mujeres tuvieran que sufrir los rigores del acoso y la violencia política para que sea aprobada y promulgada una ley que penaliza estas prácticas, que son el rostro más temible de la cultura patriarcal aún vigente.
Desde ahora, y gracias a la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, se incorpora en el Código Penal los delitos de acoso político y violencia política contra las féminas, que serán sancionados por la justicia ordinaria, sin perjuicio de que las víctimas acudan también a la vía administrativa cuando corresponda en el ámbito del servicio público.
En la vía penal, las sanciones para quienes ejerzan acciones de acoso político, tales como actos de presión, persecución, hostigamiento y/o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la función político-pública, serán de una pena privativa de libertad de dos a cinco años. En el caso de la violencia política, la sanción para quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas será de tres a ocho años de pena privativa de libertad. Finalmente, en la vía administrativa, la sanción para faltas leves es la amonestación escrita, bajo registro; para faltas graves, amonestación escrita bajo registro y descuento de hasta el 20% del salario; y para faltas gravísimas es la suspensión temporal del cargo sin goce de haberes hasta 30 días.
Se ha señalado, y con razón, que esta ley fue finalmente aprobada, y por unanimidad, debido a la conmoción causada por el asesinato de la concejala Juana Quispe Apaza, de Ancoraimes, provincia Omasuyos de La Paz, quien desde el momento de su elección sufrió el abuso de sus colegas varones y otros miembros de su comunidad, hasta llegar al extremo de su eliminación física días después de que un fallo judicial ordenara restituirle el puesto que había ganado en las urnas.
Es obvio que ninguna ley, así sea el fruto de una década de esfuerzo de sus proyectistas o haya sido aprobada, por primera vez en la historia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en votación unánime, es suficiente para cambiar actitudes y conductas, sobre todo si están basadas en prácticas consuetudinarias de abuso, discriminación y exclusión de las mujeres, particularmente en el ámbito de la toma de decisiones y gestión del poder.
Pero aun así, la nueva ley es un nuevo hito en el proceso que el Gobierno llama descolonización y despatriarcalización, que al margen de las críticas ideológicas y teóricas que se le puedan hacer, está produciendo una transformación en la práctica cotidiana de la política, sobre todo porque ahora las mujeres ya tienen plena conciencia de que su participación en la cosa pública no sólo es deseable, sino imprescindible.
