El último fin de semana han coincidido dos nuevos casos de linchamiento, uno en Ventilla, El Alto, y otro en San Julián, Santa Cruz, lo que ha provocado la reedición de discursos oficiales y oficiosos en torno a estos crímenes, sin que ello signifique que se estén dando pasos concretos para erradicar esta práctica, que en el fondo sólo aumenta la inseguridad.
En el primer caso, ocurrido la madrugada del viernes en El Alto, un policía, que estaba de franco fue linchado por vecinos de Ventilla I, quienes confundieron a la víctima con un delincuente. El segundo caso, en San Julián, se produjo cuando un electricista detenido por la Policía fue acusado por un vecino de haber asesinado a otra persona, lo que motivó a una multitud a sacarlo de las celdas policiales de la vecina localidad de San Ramón para ejecutarlo a golpes.
En ambos casos se puede señalar con meridiana claridad el exceso cometido por quienes participaron en las golpizas, las mismas que implican, según jueces consultados por este diario, la vulneración de al menos cinco derechos fundamentales: a la vida, a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a un juicio justo. Lo mismo ocurrió en otros tres linchamientos que fueron reportados por los medios de comunicación en lo que va del año.
En ambos casos también es posible señalar la impotencia de la Policía, que en El Alto sólo llegó a recoger el cadáver; y en el segundo, fue ampliamente superada por la muchedumbre e incapaz de detener el linchamiento. Al respecto, el Viceministro de Seguridad Ciudadana señaló que una de las razones que impulsan a la gente a ejercer justicia (o mejor dicho: cobrar venganza) por sus propias manos está en la falta de reconocimiento de la función que corresponde a la Policía en el combate al delito. Sin embargo, según se ha demostrado en diferentes estudios (incluyendo una encuesta realizada por el propio Viceministerio de Seguridad Ciudadana), el problema es que la gran mayoría de la población no cree en la efectividad de la Policía y mucho menos confía en los miembros de esta institución.
Por otra parte, gracias a una investigación de la Defensoría del Pueblo publicada años atrás, también está demostrado que los linchamientos ocurren en lugares donde se dan tres condiciones casi siempre coincidentes: poca o ninguna presencia policial, poca o ninguna presencia de representantes del Órgano Judicial, y población en estado de transición entre la vida comunitaria propia de las áreas rurales y la vida urbana, de marcado individualismo.
Hay, pues, condiciones estructurales que posibilitan la repetición de los casos de linchamiento, y mientras no se busquen soluciones también estructurales, poco se podrá hacer para detener la acción de multitudes irracionales, que lejos de disuadir a los delincuentes, provocan más zozobra entre los vecinos.
