Días atrás, la Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción presentó públicamente el anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, cuya finalidad es regular la gestión pública, pero fundamentalmente garantizar a las y los ciudadanos el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública que se encuentre bajo custodia, administración o tenencia del Estado en cualquiera de sus niveles y ámbitos.
El anteproyecto, que el miércoles será considerado por el gabinete ministerial, tiene aproximadamente 38 artículos, que se basan principalmente en el artículo 21 de la CPE, que en su inciso 6 señala como derecho de las y los bolivianos “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.
Al igual que en el decreto sobre esta misma materia aprobado en 2004, hay dos excepciones: cuando se trata de información que tenga que ver con la seguridad del Estado y cuando tenga que ver con información secreta, la misma que no podrá permanecer indefinidamente en ese status. Se trata de una norma de innegable importancia para la gestión pública y para la vigencia del derecho a la información, por lo que su tratamiento legislativo debiera merecer prioridad.
