El Gobierno enfrenta actualmente un gran desafío: conciliar el respeto a la inversión privada y el medio ambiente, frente a la presión social protagonizada por cientos de comunarios que exigen demandas contrarias a la ley. Todo ello en torno a la explotación de uno de los yacimientos de plata e indio (mineral que usa en la fabricación de semiconductores) más grandes del planeta.
En efecto, en estos momentos se encuentran en la sede de gobierno aproximadamente 1.500 indígenas del norte de Potosí que exigen se revierta la concesión minera del yacimiento de Mallku Khota (entre los municipios potosinos de Sacaca y San Pedro de Buena Vista), otorgado a la compañía canadiense South American Silver para su exploración y posterior aprovechamiento.
Una de las razones que alegan es que la explotación de ese yacimiento pondrá en riesgo la salud de la población y de los animales, por la contaminación característica de esa actividad, en tanto se encuentra en un cerro asentado en las cercanías de cinco lagunas de agua dulce, cuyas vertientes son empleadas para el consumo y la producción de alimentos. Sostienen además que se ha vulnerado su derecho a consultarles, tal como manda la Constitución Política del Estado respecto a este tipo de emprendimientos.
No obstante esta posición, la movilización no ha exigido hasta ahora garantías para el cuidado del medio ambiente, sino más bien que el yacimiento pase a ser propiedad de los ayllus, así como la creación de una “sociedad comunitaria” para la explotación minera en esa región, figura jurídica que ni siquiera existe en las normas nacionales. Estos pedidos, sumados a su demanda de que la empresa canadiense se vaya después de que termine los estudios de exploración, permiten suponer que la preservación de las lagunas no es el verdadero motor de las protestas, sino más bien intereses económicos. Al respecto, el Ministro de Minería y Metalurgia ha señalado que las movilizaciones son promovidas por un grupo de personas que busca enfrentar a las comunidades del lugar con el fin de esconder la explotación ilegal del oro que realizan en el cerro Mallku Khota.
Añadiendo más actores al panorama, comunarios de otros ayllus, que aseguran ser la mayoría, han manifestado su interés de que la subsidiaria continúe; pues consideran que las regalías provenientes de la explotación del yacimiento serán el medio que les ayude a sortear la extrema pobreza en la que se encuentran los municipios de esa región potosina.
Le toca ahora a las autoridades gubernamentales velar por que se cumpla la ley. De lo contrario, se corre el riesgo de sentar un grave precedente respecto a que si una turba ejerce la suficiente violencia para conseguir un reclamo injustificado, el Gobierno se sentará eventualmente con ella y le concederá al menos parte de lo que exigía.
