El martes, un motín en la cárcel de San Pedro puso nuevamente en la palestra una de las deficiencias —quizás la mayor— del sistema penal: el elevado número de reos encarcelados sin sentencia. Situación en la que se encuentra cerca del 75% de los reclusos, como consecuencia de las persistentes demoras en los procesos, debido en gran medida a la suspensión de las audiencias judiciales.
Al respecto, el Director de Régimen Penitenciario señaló que el 15% de las suspensiones es responsabilidad de los jueces; y el restante 85%, por inasistencia de los fiscales. Negligencia que está saturando las cárceles del país, y, peor aún, está dejando tras las rejas a cientos de inocentes y a personas que ya han cumplido sus condenas, obligados a vivir en condiciones denigrantes de hacinamiento.
Tras el motín, las autoridades llegaron a un acuerdo con los reclusos, en el que se comprometen a identificar y sancionar a los responsables de la suspensión de audiencias, cuantificar el número de enfermos mentales y adultos mayores que podrían recibir medidas sustitutivas, reanudar la visita a las cárceles de manera concertada entre el Órgano Judicial y la Fiscalía, y habilitar un bus para el traslado de los internos a las audiencias. Principios básicos para ejercer justicia que esperemos se cumplan.
