En las últimas semanas el país se enteró de una buena noticia: la existencia de un reservorio en la zona de Mallku Khota que le daría a Bolivia el liderazgo mundial en indio (mineral apetecido por la industria tecnológica) y que, a la par, haría subir sus reservas de plata. Sin embargo, esa noticia vino matizada de una marcha protagonizada por quienes se oponen a que la empresa canadiense a cargo de la prospección continúe con sus labores y piden al Gobierno su expulsión del país.
Conviene que hagamos precisiones jurídicas. La Constitución Política del Estado establece que “las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a su promulgación, en el plazo de un año, deberán adecuarse a través de los contratos mineros”.
Por su parte, el Decreto Supremo 0726 de diciembre de 2010 ratifica la protección a los derechos pre-constituidos sobre las concesiones mineras al señalar que: “A partir de la aprobación del presente decreto supremo se adecúan al ordenamiento constitucional vigente, transformándose automáticamente en Autorizaciones Transitorias Especiales, en tanto se realice su migración de acuerdo a la normativa sectorial a emitirse”. Ese decreto ratifica la garantía sobre los derechos adquiridos.
Es evidente la existencia de un marco legal expreso y de rango constitucional que garantiza los derechos de los concesionarios. ¿Cómo entender entonces los pedidos de expulsión de una empresa concesionaria? y ¿cómo se explican tales pedidos si la empresa se encuentra efectivamente realizando tareas de exploración que a la postre confirmarán el potencial de las reservas mineralógicas?
A mediados de mayo tuvo lugar en Santa Cruz un congreso auspiciado por YPFB en el que se hizo énfasis en alentar la inversión en exploración petrolera en el país. Sin duda, Bolivia requiere de socios que aporten con tecnología y arriesguen recursos financieros en este tipo de actividades, obviamente cumpliendo con las normas ambientales y con alta responsabilidad social. Tanto el sector petrolero como el minero requieren grandes inversiones en exploración, ya que sin ella no hay futuro para la certificación de reservas hidrocarburíferas y mineras y su consiguiente explotación a escala industrial.
Un proyecto minero ubicado en el norte de Potosí y de envergadura similar al de San Cristóbal no sólo beneficiará con impuestos y regalías a las arcas estatales, sino también permitirá que las comunidades aledañas al proyecto mejoren sustancialmente su actual nivel de vida que se encuentra en la línea de la extrema pobreza. La gran mayoría de las comunidades norpotosinas se han manifestado a favor de la continuidad del proyecto Mallku Khota, aún en fase de exploración.
Quienes alientan la expulsión de la empresa canadiense saben perfectamente que dicha medida sería ilegal e inconstitucional y, lo que es peor, echaría por tierra el futuro desarrollo de la región; por ello es fácil colegir que detrás de ese pedido están las asociaciones ilegales que pretenden explotar minerales sin aporte tecnológico, sin cumplir normas ambientales ni laborales y sin pagar tributos.
Jurídicamente corresponde el respeto a la Constitución (aprobada mediante referéndum, con el 61% de apoyo popular) y al Decreto Supremo 0726. Es impostergable la consideración de una Ley Minera, en la que el Estado Plurinacional fije las reglas para el futuro de este importante sector, penalice los avasallamientos, defina los derechos y obligaciones de los operadores privados y fije la porción estatal de la renta minera.
