El Gobierno está de muy mal humor desde el momento en que la Embajada del Brasil aceptó el asilo político del senador pandino Róger Pinto. El Presidente calificó la decisión del gobierno vecino como “un error”. El Vicepresidente García Linera lo llamó una decisión desafortunada.
Al Gobierno se le ha escurrido de entre sus tupidas redes un senador que tuvo la osadía de denunciar algunas irregularidades presuntamente cometidas por la Ministra de Transparencia y Anticorrupción, por el Gobernador de Pando, así como tuvo el atrevimiento de presentar al Gobierno un pesado fajo de documentos que —según Pinto— se refieren a supuestas conexiones delictivas con el exgeneral René Sanabria (quien se encuentra en los Estados Unidos penando sus culpas por narcotraficante de altos vuelos). En todo caso, el hecho del asilo no favorece a las pretensiones del Gobierno plurinacional, socialista y comunitario. No le asegura la calidad de democracia. ¡O es que nunca ha pretendido alcanzar tan honrosa calificación!
Una vez oficializado el asilo de Pinto, la Cancillería boliviana debió expedir el salvoconducto que permita al asilado salir del país y pasar al Brasil, sin que ningún descuido imprevisto, de los que suelen ocurrir cuando se trata de cazar la perdiz que salió volando, se lo impida. Al preguntársele al Canciller cuándo entregaría el salvoconducto, reconoció hidalgamente: “El tema de salvoconducto, no entiendo legalmente cómo es; qué corresponde (hacer)”. Y pensó en la solución de darle al senador un simple “permiso”, como para salir de la oficina para comprar una aspirina y volver lo antes posible.
Si el canciller Choquehuanca hubiese tenido a su alcance y consultado atentamente algún viejo volumen del medieval Derecho de Gentes, habría descubierto que el asilo era practicado en tiempos remotos en los templos y en las casas religiosas. Aquella institución humanitaria se llamó “asilo en sagrado”. Soy testigo de que la misma virtud cristiana se practicó en algunas casas religiosas de Bolivia en donde se refugiaron muchos perseguidos por el exministro del Interior Luis Arze Gómez, el mismo que nos hacía “caminar con el testamento bajo el brazo”. Tristes recuerdos.
Con estos insólitos antecedentes, muchos lectores recordarán el caso del fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, perseguido por el gobierno militar del general Manuel Odría. El famoso político se asiló en la Embajada de Colombia en Lima. La cerrilidad de Odría le negó el salvoconducto correspondiente, y ordenó a la fuerza pública que cercara a cal y canto el edificio de la representación diplomática colombiana, por el largo periodo de cinco años, que obligó al gobierno asilante a instalar su embajada en otro edificio de la capital limeña. La presión de muchos países, así como la de ilustres figuras de la política y la cultura, logró al fin —cinco años son muchos— doblegar el empecinamiento del presidente Odría.
Espero que una vez vaya amainando la rabieta del Gobierno boliviano, el Canciller no tendrá otro remedio que entregar a Pinto su salvoconducto. Reducir este documento oficial a un simple “permiso” sería una broma de mal gusto que la prestigiosa Cancillería de Itamaraty no aceptaría sin alguna forma diplomática pero exigente de protesta. Y tal como van de mal las relaciones con nuestro vecino, podría recurrir a una de las muchas formas de retorsión (retaliation para los angloparlantes).
Al final uno se pregunta: ¿Qué pecado hemos cometido para tener una Cancillería de tan poco nivel?
