El hombre se pasa el día leyendo la Biblia, viendo televisión y a veces de anfitrión en casa ajena de sus hijos, amigos y abogados. Es más, por su condición de cristiano ha perdonado a quienes lo defenestraron políticamente, según me cuenta uno de sus abogados. Otros me dicen que su decisión de solicitar asilo en la Embajada de Brasil la sopesó 1.000 veces…
Quizás sea cierto, porque debe ser difícil decidir entre irse del país obligado por ciertas circunstancias o quedarse en casa pero acosado por juicios, pensando desde el lado más humano. Y que en su ingenuidad pensó que Brasil, aliado político de Bolivia, iba a rebotar su pedido. Pero Itamarty es Itamaraty, uno de los paradigmas de la diplomacia del mundo, que es capaz de decidir entre un senador y un país, entre un recalcitrante opositor de su aliado y su aliado.
Róger Pinto Molina, el senador pandino de Convergencia Nacional (CN), a quien solíamos ver periódicamente en conferencias de prensa denunciando y señalando a sus adversarios políticos con duros calificativos (uno de ellos, en febrero de 2009, fue: “El presidente Evo Morales dirige una banda de ladrones y delincuentes”), está a la espera de la decisión del Gobierno de Bolivia de permitirle una autorización oficial para definitivamente dejar el país y alojarse en Brasilia. Mientras vive en una oficina de la legación brasileña en La Paz, con baño y cama improvisada, y con comida que comparte con los funcionarios, afuera se ha desatado un gran debate sobre si es cierto o no un perseguido político.
Sus colegas y correligionarios han organizado una gran campaña a su favor, incluso las senadoras Carmen Eva Gonzales y María Elena Méndez, y el diputado Adrián Oliva han tomado el martes las oficinas de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en La Paz, cuyos representantes incluso denunciaron en un comunicado de prensa que aquéllos se quedaron allí con engaños y sin autorización.
Muchos medios, desde que el diario Página Siete develó la decisión de Brasil, han acompañado al legislador con una cobertura referida a su vía crucis y de-sataron la necesidad de abolir de la jurisprudencia boliviana la figura del de-sacato, con la que distintas autoridades lo acusaron ante la Justicia. Casi nada se conoce de los 21 juicios que se le sigue a Pinto Molina, de ellos cinco propiciados por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (descritos el lunes en La Razón), seis por desacato, uno por sedición y otros por distintas causas.
Así, parte del público cree que lo del senador es un acto injusto, propio de un régimen dictatorial, como aparentemente también lo sufrieron el exgobernador de Tarija Mario Cossío, refugiado en Paraguay, o Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Manfred Reyes Villa, que viven en Estados Unidos a la sombra de cuentas pendientes en Bolivia.
Si es cierto lo que dice la ministra Nardi Suxo, en sentido de que Brasil nunca solicitó información oficial sobre los casos contra Pinto Molina para tomar una decisión (Animal Político, domingo 17 de junio), pesó más la ayuda memoria en la que el senador comienza su argumentación diciendo que es “pastor de la iglesia Cristiana Bautista” y que, como dice su abogado, los juicios no tienen sustento jurídico.
