El martes 19 de junio, Daguimar Rivera Ortiz, concejala de Guayaramerín, fue asesinada. Aproximadamente a las 00.30, dos encapuchados ingresaron en el karaoke propiedad de Rivera y le dispararon tres proyectiles en el rostro. Si bien esta forma de actuar es corriente entre los sicarios vinculados al narcotráfico, se presume que el hecho se debió no por ajustes de cuentas sino por móviles políticos.
Según información de los medios locales, días antes, la concejala había denunciado hechos de corrupción en la Alcaldía de esa localidad beniana. El tipo de vida austera que llevaba (trabajando acuciosamente no sólo en el ámbito político, sino también en el local donde fue asesinada para sustentar a su familia); así como una supuesta carta anónima leída el lunes en un medio de comunicación anunciando su muerte corroborarían la hipótesis anterior.
A un mes de la promulgación de la Ley contra el Acoso y la violencia política hacia las mujeres, tal parece que se ha producido un nuevo caso relacionado con los delitos que esta norma buscar erradicar. El primero ocurrió a mediados de marzo, con el asesinato de Juana Quispe, concejala de Ancoraimes, cuyo crimen aún no se ha esclarecido. Es de esperar que esta norma promueva el pronto esclarecimiento de ambos casos.
