El viernes, tras un sumarísimo juicio político, el Congreso de Paraguay destituyó al presidente constitucional de ese país, Fernando Lugo. El proceso duró poco más de 24 horas, entre su inicio en la Cámara Baja y la sentencia en el Senado. Para la mayoría de los países de la región, pero particularmente para la Unasur, se trató de un “golpe de Estado encubierto”.
En efecto, la Constitución Política del Estado de Paraguay establece en su artículo 255 el juicio político para el Presidente en casos de mal desempeño y delitos comunes. Un enfrentamiento entre campesinos y policías, ocurrido la semana pasada en Curuguaty (al noreste de Paraguay), que dejó un saldo de 17 personas muertas, fue la razón para iniciar el procedimiento que acabó con la remoción del Mandatario paraguayo y su reemplazo con el Vicepresidente.
En su discurso de despedida, Fernando Lugo no sólo aceptó con resignación el fallo y convocó a sus seguidores a evitar las manifestaciones de violencia, sino que dejó claramente establecido que el golpe no lo recibía él, sino la democracia paraguaya. El juicio realizado entre el jueves y el viernes es la culminación de un sistemático proceso de descrédito y desgaste del gobierno de Lugo iniciado el día mismo de su posesión en 2008, no sólo por la oposición, liderada por el Partido Colorado, sino también por sus socios del Partido Liberal, al que pertenece el sucesor en el puesto, y que incluyó 23 intentos de iniciar juicios políticos contra el Mandatario.
Algunos analistas se apresuraron a señalar que el caso paraguayo sienta un nefasto precedente para toda la región; sin embargo también hay que considerar la legislación y jurisprudencia de cada país a la hora de evaluar las posibilidades de que esa acción, institucional pero ilegítima, se replique en otros gobiernos, lo cual no significa que no se vaya a intentar, como ya ha sucedido en Ecuador.
Por su parte, el nuevo presidente por sucesión constitucional, Federico Franco, ha afirmado en su discurso de posesión su intención de entregar el mando el 15 de agosto de 2013, cuando concluye el actual mandato, y subrayó su deseo de ocuparlo hasta entonces buscando la colaboración de todos los partidos y movimientos sociales del país. Sin embargo, por el modo en que se produjo la sucesión, será un Presidente muy débil, sin apoyo popular y rehén de los colorados, sus principales opositores, que cuentan con mayoría parlamentaria. El ejemplo boliviano entre 2003 y 2005 debiera ser aleccionador para él.
El golpe constitucional de Paraguay es, pues, una profunda herida para la democracia, no sólo en ese país sino en toda la región, donde hay países en los que los grupos opositores depauperan los modos democráticos de hacer política en su afán de recuperar privilegios perdidos por el voto popular.
