La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se ha convertido en un asunto de Estado, un asunto infranqueable y sin concesiones para las partes. Por la confusión que ha creado la objeción y el respaldo al proyecto, la única explicación posible del entuerto es política. Rescindido el contrato con la brasileña OAS, el crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en statu quo, y el fallo del Tribunal Constitucional sobre las leyes 222 (consulta previa, previo consenso) y 180 en entredicho, el conflicto ha tomado las calles de La Paz y los medios de comunicación.
Siendo optimistas, lo único racional que queda es el diálogo. Pero eso está por definirse; ni para instalarlo hay acuerdo (el Gobierno quiere con corregidores y no con los dirigentes que cuestiona, y éstos piensan lo contrario). Si la misma Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) no se preocupó por eso y, confiada en el respaldo popular, se lanzó a la marcha el 27 de abril, el Gobierno tampoco hizo el esfuerzo de reunirse con los dirigentes durante más de 60 días que duró la caminata desde Trinidad.
Podría decirse que, en el caso de esta última marcha, el pliego de demandas fue presentado un mes después de iniciada la protesta y sin un aparente consenso entre las comunidades vinculadas en el problema. Además, la movilización sufrió una injerencia directa de algunas organizaciones no gubernamentales y de algunos partidos políticos, como el Movimiento Sin Miedo (MSM), y algunos de sus dirigentes fueron cuestionados por varios actos personales.
Aunque esas acciones del movimiento indígena no le quitan legitimidad a su demanda, en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), han creado un escenario apto para la estrategia gubernamental de defenestrar la marcha y sus objetivos. Entonces, políticamente se convierte en un problema difícil de atender por parte del Gobierno. Pero, debido a sus intereses (geopolítico o de política pública, los más visibles), la administración de Evo Morales ha hecho todo lo posible para enlodar la crisis por sí sola, desde el principio hasta el final. Consciente de que el mecanismo de consulta previa para estos casos es vital, omitió ese trámite, que en julio del año pasado fue el argumento central de los indígenas para objetar la construcción.
A esa acción hay que sumarle una serie de errores políticos, que en el año de las manifestaciones lo único que hicieron fue separar al movimiento indígena del Gobierno, que en las elecciones de 2005 se había arropado de esa condición. Que Morales diga que la carretera se hará “sí o sí”, no fue el mejor mensaje. Pero la represión violenta de Chaparina terminó de consumar ese divorcio. No obstante, el error más grave fue la promulgación de una ley contra otra ley. Si bien la firma de la Ley 180 (que declara la intangibilidad del TIPNIS) pareció resolver el conflicto, la 222 (de consulta previa) germinó la IX marcha. Aunque el Tribunal Constitucional obliga un punto intermedio entre ambas (consenso para la consulta), la salida en apariencia es política, y ésa puede ser fojas cero: comenzar un nuevo proceso a partir de reglas claras en un consenso sobre la Ley Marco de Consulta Previa. Sin embargo, ¿querrán ambos acordar eso? La disputa es también política por donde se la vea.
