Junto con la demanda de aumento salarial, la protesta policial de junio tuvo como reivindicación la abrogación o derogación de la Ley 101, de Régimen Disciplinario para la Policía, que así como es drástica para sancionar la proverbial corrupción en la institución es, desde el punto de vista de suboficiales y clases, fuente de injusticia e, incluso, inconstitucional.
Según el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Clases de la Policía (Anssclapol), la mayor parte de los policías procesados por la Ley 101 fueron acusados por el delito de extorsión; seguido de casos en los que los jefes oficiales inician una investigación a sus subalternos y otros por incumplir con el pago de los “cupos”, denominación que se da a pagos ilegales para el jefe policial por ocupar determinados destinos.
Podrá señalarse que, en efecto, las frecuentes solicitaciones de soborno son una forma de extorsión a las y los ciudadanos. El problema, señalan los efectivos policiales, es que los procesos en la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) se inician a sola denuncia y, lo que es peor, hasta antes del acuerdo que puso fin a la protesta de los uniformados, implicaba la suspensión del denunciado sin goce de haberes ni derecho a vacación, que es la razón por la cual señalan que la norma es inconstitucional.
En efecto, según explicaron las fuentes consultadas por este diario para un reportaje publicado el domingo último, los acusados ante la Digipi, además de perder sus derechos laborales, protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE), pierden el derecho a la presunción de inocencia, también protegido constitucionalmente, pues, señalan, son los denunciados quienes deben aportar la carga probatoria a su favor.
Finalmente, las fuentes denunciaron que en su artículo 102, la ley plantea la figura de “connotación institucional”, que posibilita una interpretación subjetiva de parte del juzgador, pues se refiere a que faltas disciplinarias leves, pero que han tenido connotación pública, sean sancionadas como graves o a la inversa.
Por el otro lado, signo de que la cuestionada Ley 101 era necesaria para erradicar las malas prácticas asociadas con el trabajo policial, ha sido el retiro voluntario de al menos 1.200 efectivos desde la promulgación de la norma, quienes prefirieron dejar la institución a someterse a una investigación y posiblemente ser sancionados.
Queda, así, la evidencia, por un lado, de que el espíritu de la ley es el correcto, pues impone una actitud intolerante con la corrupción en la Policía; pero por el otro, la norma, en su dureza, puede lesionar derechos humanos (que también pertenecen a los delincuentes con los que deben lidiar los policías). Hay, pues, una tarea urgente para las autoridades que se comprometieron a revisar y mejorar la Ley 101, pues no se debe prescindir de ella.
