En otra columna que se publica hoy en IDEAS (Página 7), reproduzco algunos textos pertinentes de la Sentencia 0300/2012 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que condiciona la constitucionalidad de la Ley 222 a que esta consulta sea horizontal, de buena fe y con confianza mutua para poder concertar. Hay que distinguir en ello dos etapas: la primera, cómo concertar los términos, temas y procedimientos mismos de la consulta; y segundo, la realización de la consulta propiamente dicha. Aquí sólo tengo espacio para abordar algunos de los temas de esa primera etapa, que es la más inmediata, en la que hay aún mucha tela que cortar.
El Protocolo elaborado en marzo no fue concertado y ahora simplemente se busca que los corregidores, algunos más legítimos que otros, lo firmen sin mayor análisis. El ideal sería avanzar antes en la Ley Marco de Consulta Previa hasta que se calmen los ánimos. Pero Evo tiene prisa para relanzar su carretera.
¿Quiénes deben ser consultados? Los dueños del TIPNIS “en su doble categoría de Territorio Indígena y Parque Nacional” (art. 3 de la Ley 222). Tanto en la demanda inicial como en el título final firmado por Evo en 2009, sólo aparecen los miembros y autoridades de la subcentral TIPNIS, cuyos actuales ejecutivos, empezando por Fernando Vargas, han sido legítimamente elegidos hasta 2015. En ese nombramiento participó también la Subcentral Sécure, separada sólo en parte en 2003 pero sin perder ese vínculo con la subcentral matriz. Está bien que se consulte a los corregidores realmente aceptados por sus bases, pero también a las autoridades locales intermedias y máximas. Pero maniobrar para desautorizar a esas autoridades superiores va totalmente contra el espíritu de la concertación. Ya derrocaron a Emilio Noza como cacique mayor del Sécure para colocar al afín Carlos Fabricano. ¿Será Fernando Vargas el siguiente en la mira?
Más compleja es la situación del Conisur, creada en 1997 por iniciativa política de la prefectura de Cochabamba, para ganar terreno al Beni en ese límite nunca definido. No figura en el título ni es reconocida por las autoridades máximas del TIPNIS; y el número de sus comunidades afiliadas oscila según las presiones y cooptaciones con los cocaleros en aumento que los engloban e invaden. En 2002 eran 22; en 2008, 14 porque varios ya se habían “sindicalizado”. Según la reunión del Gobierno con corregidores, ahora serían 21… Para mí las 10 que supuestamente están dentro del Polígono 7 y, por tanto, dentro del “Parque” (PNIS) —ahí ya muy destruido— pero fuera del Territorio Indígena (TI) no deberían ser consultadas, pues no cumplen el “doble” requisito del art. 3 de la Ley 222. Sólo se salva Santísima Trinidad, que mantiene su propiedad colectiva y su afiliación a la subcentral TIPNIS. ¿Y otras, fuera del Polígono, que al tener ya titulación parcelaria individual (quizás para acceder al cato de coca) renuncian a ser parte del título colectivo del TIPNIS?
No me consta si la denuncia de Fernando Vargas de que apenas 18 o 20 de los 45 que firmaron el acta con el gobierno son corregidores genuinos es o no real. Pero, habiendo visto por Tv toda aquella ceremonia mediática, y todo lo ocurrido en los días siguientes, sí me queda claro que estamos aún muy lejos de que se cumplan las condiciones mínimas que harían constitucional una consulta previa o de saneamiento posterior. Cuando Evo y sus ministros viajan una y otra vez por el TIPNIS, llenos de regalos (tal vez idóneos para un desarrollo incluso sin carretera) pero deliberadamente evitan hablar de igual a igual con esos dirigentes marchistas y más bien los denigran, ¿en qué queda la “buena fe” indispensable para cualquier concertación?
