La IX marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) tiene por delante el desafío de desenredar una campaña gubernamental que ha complejizado, desinformado y entreverado cualquier comprensión sobre el futuro de esa área reservada.
Esto, en primer lugar porque, para quien no lo sabe, un parque nacional es una categoría definida por las leyes bolivianas que garantiza la protección por parte del Estado a una porción del territorio que tiene un valor ambiental y que, de acuerdo con la nueva Constitución Política, es declarado “Patrimonio”; es decir, un área de interés y valor para todos los bolivianos. Además, existe una declaratoria de Tierra Comunitaria de Origen sobre ese mismo territorio; la cual, según nuestra Constitución, otorga derechos de gestión territorial a los pueblos indígenas que lo habitan, así como el derecho de decidir sobre su futuro, de acuerdo con sus usos y costumbres; aspecto también garantizado por la Carta Magna.
Siguiendo con los nudos; en el marco del cumplimiento de promesas electorales, los promotores del proyecto quieren desarrollar una obra de interés departamental (Cochabamba y Beni), que ayude (desde su visión) a desarrollar las dos regiones, y de esta manera, según sus spots televisivos, dar educación y salud a los pueblos de la zona. Por otra parte, en 2009, el Gobierno publicitó a nivel mundial la Ley de la Madre Tierra, que garantiza la protección de las áreas naturales y que, apoyada por nuestra CPE, promueve que la ciudadanía defienda cualquier atentado hacia el medio ambiente.
El punto es que para cumplir lo que desde un principio se quiso hacer, se puso en conflicto a los propios indígenas, se ignoró sus formas de organización, se agrupó y confrontó a indígenas contra campesinos para establecer una tercera vía, que es la consulta previa, la cual se defiende ahora a capa y a espada.
Lo cierto es que la ciudadanía está dividida en sus percepciones sobre el tema, ya que el TIPNIS en nuestra Carta Magna es declarado de interés nacional, indígena e interdepartamental; pero la forma de decidir sobre él pasará ahora a manos de una porción del pueblo indígena, con un mecanismo que no toma en cuenta a sus autoridades legalmente establecidas; y de esa manera adopta una forma de resolución del conflicto; práctica que, siendo sinceros, no forma parte de sus “usos y costumbres”.
De todo ello resulta un chenko ambiental, pues cada quien jala por donde mejor quiere, se ignora el valor ambiental de la zona y se pone en tela de juicio la importancia de tener o no áreas protegidas. En efecto, una vez partido en dos el TIPNIS, ¿por qué deberíamos proteger a otras áreas naturales?
