El Gobierno ha decidido iniciar un proceso por quiebra fraudulenta contra los accionistas de AeroSur. Figura jurídica que se aplica cuando una empresa, pese a tener utilidades, no ha cumplido con sus obligaciones impositivas, salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores y otras deudas. Si bien con esta decisión cualquier intento por salvar a la compañía aérea queda virtualmente cerrado, se trata de algo positivo para los intereses de sus exempleados, el Estado y sus acreedores.
En efecto, una sentencia favorable permitiría la anotación preventiva y posterior remate de los bienes de los socios de la empresa aérea. Y si bien un proceso de esta naturaleza puede prolongarse bastante tiempo (algunos expertos hablan incluso de años), es la única manera de garantizar el pago de las millonarias deudas de AeroSur. Al respecto, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Clifford Paravicini, ha señalado que los trabajadores serían los primeros en cobrar sus salarios y beneficios adeudados, luego el fisco y por último los demás acreedores.
Por el bien de las cientos de familias que se han visto afectadas por el derrumbe de AeroSur, es de esperar que este proceso concluya cuantos antes, y que efectivamente se cumplan las promesas enunciadas por Paravicini.
