La justicia tarda, pero llega, dice la conocida frase, que cada cierto tiempo se confirma, como sucedió días atrás en Argentina, donde el exdictador Rafael Videla (que gobernó ese país a sangre y fuego entre 1976 y 1981) fue condenado a 50 años de cárcel por el delito de “apropiación sistemática” de los hijos y nietos de detenidos desaparecidos en la dictadura. Otros cuatro colaboradores suyos recibieron condenas que van de 40 a cinco años de prisión.
Para llegar a esa condena, que se suma a otras vinculadas a los muchos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el dictador y los miembros de su gobierno, tuvieron que pasar 16 años desde que la organización Abuelas de Plaza de Mayo lo denunciara ante la Justicia, mientras, paralelamente, desarrollaban una intensa campaña de búsqueda de esos nietos, que en su mayoría crecieron en el seno de familias de militares vinculados con la dictadura sin conocer su verdadero origen.
Lo más importante de este fallo, además del merecido castigo para Videla y sus colaboradores, es que las Abuelas han logrado probar en esta causa que los 500 robos de niños que ellas estiman que se perpetraron en la dictadura militar, obedecieron a un plan sistemático de la cúpula del Estado, bajo un “plan general de aniquilación”. Literalmente escalofriante.
