El calor político de las últimas semanas, a propósito precisamente de dos visiones encontradas sobre protección de la naturaleza y su aprovechamiento sostenible, ha dejado fuera de la preocupación mediática un tema que no por recurrente es menos importante. Con la llegada del invierno llega también la temporada de quemas, junto a problemas de salud y ambientales.
En efecto, la época seca, propia de la más fría de las estaciones, da paso al tiempo de preparación de la tierra para la siembra, que comenzará con la llegada de la primavera. Uno de los métodos para limpiar esas tierras es someterlas al fuego. Esta es, en esencia, la práctica del chaqueo, que para ser eficaz y lo menos peligrosa posible requiere de medidas de prevención, tales como la habilitación de zanjas rompefuegos y cortinas rompevientos, que impiden la expansión del fuego, aunque no evitan la contaminación que el humo produce.
El problema se vuelve preocupante cuando, a título de chaqueo, se somete a la acción del fuego grandes extensiones de terreno, ora para abaratar costos de desbrozar la tierra, ora para habilitar tierras para nuevos sembradíos o pastizales para la ganadería. Muy a menudo, estas quemas se convierten en incendios de gran magnitud, agravando la contaminación ambiental típica de estos meses y hasta poniendo en riesgo vidas humanas, al llegar el fuego a los asentamientos urbanos.
Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), 2010 fue el año cuando más quemas se produjeron en todo el territorio, llegando a contabilizarse 59.962 focos de calor y una superficie afectada por quemas e incendios forestales de 4.885.954 hectáreas. Se llama focos de calor a los fuegos identificados a través del monitoreo satelital que realiza la ABT.
Desde entonces hasta ahora, informa la autoridad reguladora, el número de quemas parece ir en descenso. Así, este año, hasta junio, se habían registrado 1.576 focos de calor a nivel nacional, mientras que en el acumulado hasta la misma fe.
La misma fuente informó que por el tipo de superficie afectado, se establece que en 2011, el 46% de la superficie sometida a las quemas estuvo situada en la zona ganadera; el 14%, en la agrícola; el 33%, en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP); el 19%, en Reservas Forestales, y el 6%, en Áreas Protegidas. Esos datos permiten inferir el tamaño e importancia de la presión que ejerce la agroindustria, de todos los tamaños, sobre los bosques y selvas, ampliando sistemáticamente la frontera agrícola y ganadera en desmedro de la vocación forestal de gran parte del territorio nacional. Hay, pues, un problema doble del que preocuparse.
Policía Comunitaria
El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que entre otros factores contempla la creación de una Policía Comunitaria. Esta unidad estará conformada por miembros de la institución verde olivo, pero que trabajarán en coordinación con los ciudadanos y las juntas vecinales. No se trata de algo nuevo, sino de un modelo que está siendo aplicado de manera experimental en otros barrios, con muy buenos resultados.
En efecto, la Policía Comunitaria tiene, por un lado, la ventaja de comprometer a (víctimas, victimarios y uniformados) en esta lucha contra la inseguridad. Al tratarse de un problema de diferentes aristas que afecta a la población en general, resulta no sólo lógico, sino esencial que toda la ciudadanía se involucre en su resolución. Pues, si no se trabaja en equipo, de forma coordinada y con responsabilidades específicas, los fracasos marcarán todos los emprendimientos que se realicen.
Además, quién mejor que los propios vecinos para conocer cómo, cuándo y dónde operan los delincuentes en su barrio. Información trascendental para obtener resultados. De allí la importancia de que los servidores públicos y la comunidad en general compartan esfuerzos, ideas, recursos y competencias para afrontar este fenómeno social.
