Habrá terminado en el conflicto por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)? Cuando el año pasado la VIII marcha indígena consiguió la promulgación de la Ley 180, que declara la intangibilidad del TIPNIS, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, me dijo que el conflicto no había terminado.
Cierto, la IX marcha, cuyas columnas abandonaron poco a poco La Paz la semana pasada, confirmó esa percepción.
Con la cabeza fría, aunque desafiando a la militancia y al activismo que generó la movilización en jóvenes y clase media de las áreas urbanas, sorprendentemente en los sectores de oposición y en los medios de comunicación y colegas, tengo algunas ideas para el análisis:
Uno. ¿Tendrá ahora Romero la misma percepción, en sentido de que el conflicto sigue? De no ser así, se equivoca. Con sólo referirnos al fallo del Tribunal Constitucional, que en cierta medida conmina a las autoridades de la administración de Evo Morales a propiciar un consenso sobre la consulta derivada de la Ley 222, mi percepción es que el TIPNIS es todavía un asunto pendiente. Ese consenso pasa por la delimitación lo más exacta posible de las comunidades que serán sujeto de consulta, incluso con la omisión de áreas del Consejo Indígena del Sur (Conisur) que no tienen nada que ver con el objeto de la consulta. Así de honesto deberá ser ese proceso, para no prolongar esta crisis que ha destrozado el perfil y la condición indigenista del Gobierno.
Dos. Que la IX marcha indígena haya abandonado La Paz sin diálogo ni propósito cumplidos no implica que ella haya claudicado. Así, el Gobierno no debería jactarse de que aquélla haya sido un fracaso de la dirigencia a la que sindicó en algún momento de golpista. Hacerlo así puede implicar un peligroso engaño.
Tres. El 24 de abril, había escrito en sentido de que la IX marcha empieza debilitada. Había observado principalmente que la dirigencia indígena no había abierto ninguna posibilidad de diálogo más allá de su petición de hecho de la abrogación de la Ley 222, además de los cuestionamientos que sufrían algunos dirigentes y la mejor posición del Gobierno en relación a la anterior movilización indígena.
Voy a decir un sacrilegio: al final, fue el error político que creó fisuras internas e incluso despilfarró el sentido demoledor de una marcha, como muchas veces fueron las organizadas en 1990 (Marcha por el Territorio y la Dignidad) y las previamente a la Asamblea Constituyente y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Si no fue fracaso, el valor de la marcha se debilitó; tendrá que pasar el tiempo y sustentarse los argumentos para una eventual décima movilización.
Cuatro. La adscripción del Movimiento Sin Miedo (MSM), con un velado apoyo logístico a través de sus funcionarios y vehículos y ambulancias públicos, si bien pudo parecer humanitario, ha politizado la movilización. Así se entiende la indiferencia de mucha gente con relación a la anterior marcha.
Cinco. Urge la necesidad de un acuerdo (y reconciliación) para el debate, el consenso y la aprobación de la Ley Marco de Consulta Previa, que ayude a evitar conflictos por el derecho de los pueblos indígenas, las políticas públicas que pretenda el Gobierno y la paz que quiere el país. A ver, pues, si se reflexiona y se hace así.
