No es un secreto que el mundo está al borde de una depresión económica. Las respuestas frente a la crisis en los países “desarrollados” lucen insuficientes no sólo porque el arsenal teórico está agotado (el intervencionismo keynesiano no parece aconsejable ante colosales niveles de deuda) sino porque la oportunidad de su implementación ha sido errada. En economía se manejan las cosas con al menos dos años de anticipación, pues los efectos de los ajustes tardan en presentarse.
Bolivia cambió radicalmente su orientación económica desde 2006. Al implantar su modelo económico social comunitario productivo, logró que los excedentes generados por la explotación de recursos naturales generen una potente dinamización del mercado interno, que ha permitido que el país pase de un producto per cápita de $us 1.010 en 2005, a $us 2.238 en 2011. También se ha logrado que las finanzas públicas presenten una sostenibilidad de largo plazo robusta, como bien ha ponderado recientemente la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Seguir este camino ha permitido que actualmente Bolivia se encuentre preparada para enfrentar la crisis internacional. Un alto nivel de reservas internacionales permite que se anule cualquier posibilidad de crisis cambiaria; asimismo, la baja inflación (menos de 2% a junio de 2012), un bajo peso de la deuda y finanzas saneadas permiten que cuando sea necesario se puedan activar políticas fiscales agresivas en caso de una reducción alarmante de la demanda agregada.
Empero, es momento de que el país realice cambios dirigidos a modificar los mecanismos de acción del nuevo Estado que se está construyendo. Entre ellos corresponde ajustar el modelo de gestión pública, que actualmente está regido por la Ley 1178. Esta norma presenta un ingenioso mecanismo que articula la planificación, ejecución y control de la intervención pública. Sin embargo, fue diseñada para un entorno completamente diferente al actual. De ahí que uno de sus sistemas (el de programación de operaciones) fue rápidamente subordinado al presupuesto y al de compras estatales. La razón fue muy simple: en la lógica neoliberal, el sector público debía proveer bienes públicos pero no era aconsejable que los produzca, de ahí que el sistema de contrataciones estatales operaba como un mecanismo de transferencia de recursos del sector público al privado.
En los tiempos actuales existe un predominio del Estado, por tanto, dicho modelo debe ser adecuado. Para ello es importante considerar que la planificación debe constituirse en el elemento ordenador de la gestión pública. Estado y plan son dos caras de la misma moneda. Es cierto que actualmente todas las instituciones realizan planes, sin embargo no existe un mecanismo que los articule y los ligue a metas de largo plazo. Por ejemplo, hasta ahora se ha logrado reducir la pobreza extrema a 24%, pero ¿cuál es la estrategia para reducirla a cero en los próximos años?
No es un reto menor el planteado. Hasta ahora la gestión de la macroeconomía ha seguido una planificación cuidadosamente elaborada, y en gran medida su éxito se debe a ello. Pero irradiar esto al resto de instituciones del aparato estatal no es tarea sencilla. No obstante, si se desea que la senda de crecimiento positivo se mantenga, es necesario cambiar el modelo de gestión actual. Mirar el desarrollo en el largo plazo es la tarea del momento.
