Ayer se cumplieron tres años desde aquel domingo 2 de agosto de 2009, en el que se hizo el lanzamiento oficial de las Autonomías indígena originario campesinas (AIOC) en Bolivia, acto realizado en la ciudad de Camiri con la participación de delegaciones de diferentes regiones del país. No hace falta insistir en que la autonomía y autodeterminación son demandas históricas en los pueblos y comunidades indígenas, y que la Constitución Política del Estado de 2009 reconoce la preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el derecho a su libre determinación; es más, las AIOC se constituirían en elemento central de la construcción del nuevo Estado Plurinacional. La pregunta es ¿cuánto se ha avanzado?
En diciembre de aquel mismo año, 11 municipios —de los 20 inicialmente interesados— luego de un referéndum iniciaron un largo (y hasta ahora tortuoso) camino de conversión a AIOC. Una de las primeras trabas a este proceso fue que en estos 11 municipios se llevaron a cabo las elecciones municipales en abril de 2010, como si nada nuevo estuviese ocurriendo o gestándose en ellos.
Durante los siguientes dos años y medio, buena parte de los avances logrados hasta ahora en la elaboración de los estatutos autonómicos ha sido, salvo excepciones, al costo de los “asambleístas” y las organizaciones indígena originario campesinas que demandaron la conversión. Otros muchos escollos se presentaron en el camino: autoridades de los gobiernos municipales elegidos en abril de 2010, salvo excepciones, fueron los primeros en oponerse al proceso y así asegurar su permanencia en sus cargos; el Estado no otorgó la acreditación correspondiente a los miembros del “órgano deliberativo” o “asambleístas”, como manda la Ley de Autonomías y Descentralización; tensiones y conflictos e intereses diversos en la sociedad civil, en y/o entre las mismas organizaciones fueron otro factor de demora y escaso avance.
Las dudas e incertidumbre sobre el acceso a recursos públicos para implementar las AIOC fueron también otro motivo para retacear el apoyo desde algunos sectores de la sociedad civil en estos municipios; ni qué decir de sectores o grupos locales de poder que viendo en riesgo sus privilegios se opusieron a las AIOC. Es comprensible que se presenten estas actitudes y prácticas, ya que las autonomías implican cambios en las formas de representación, implica pérdida de poder y de recursos económicos tanto para algunos sectores de la sociedad civil como para los niveles nacionales y subnacionales del Estado.
En junio pasado, cinco de los municipios en conversión a AIOC lograron presentar de manera simbólica sus estatutos a consideración del Tribunal Constitucional, y aguardan el pronunciamiento de este órgano estatal para iniciar un nuevo proceso hacia el referéndum final y luego la puesta en marcha de la AIOC, con tiempos y plazos inciertos.
Entonces, uno se pregunta si existe en todos los implicados realmente —no sólo formalmente— una apuesta decidida por las autonomías en general y por las AIOC en particular, como base para la construcción del soñado Estado Plurinacional y con autonomías. Las señales del entorno y los escasos avances nos dan la respuesta.
