La palabra chipao, que se usa en las tierras de la Amazonía boliviana, es sinónimo del ch’ipha aymara, que quiere decir enredo, embrollo. Desde que el Gobierno optó por realizar la “Consulta post”, es decir, después de autorizar la construcción de la carretera a una empresa brasileña sin consultar a las comunidades del TIPNIS, se ha chipao el asunto. Sin precisar la secuencia, enumeramos algunas acciones que han enmarañado aún más el problema.
El impacto de la VIII marcha de los pueblos indígenas de la Cidob (con apoyo de la Conamaq), en la sede de gobierno, obligó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a dictar la Ley 180, referida a la protección del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y declarándolo intangible. Pero en febrero de este año, se decretó otra ley, la 222, promovida por los cocaleros y campesinos del Conisur, para que se encamine la consulta posterior a las comunidades indígenas del TIPNIS.
El Tribunal Constitucional ha puesto su parte en este enredo, pronunciándose ambiguamente. Lo más rescatable de su sentencia es lo de instar al poder ejecutivo a buscar consenso con los interesados antes de implementar la consulta. ¿Se ha hecho caso de este dictamen? ¿En qué momento se ha consensuado?
La Cidob y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) de la región andina han interpuesto un amparo constitucional para impedir la consulta posterior, presentado ante el Tribunal de Justicia Departamental (TJD) de Chuquisaca. Este trámite fue derivado a la jurisdicción de La Paz, luego de una declaración de incompetencia de este órgano departamental. En medio de estas acciones políticas, jurídicas y mediáticas (inclusive a nivel internacional), se han desarrollado las visitas de altos funcionarios del Gobierno a algunas comunidades del TIPNIS, con regalos, desde motores hasta camisetas deportivas, haciendo dudar que estas aproximaciones sean sinceras, en medio del conflicto interno de los indígenas del TIPNIS y su organización máxima, la Cidob.
Además, están las declaraciones de algunos jueces y diputados que amenazan a quienes se opongan a la consulta posterior; pero también están las tomas y contratomas físicas de la sede de la Cidob en Santa Cruz; denuncias de los dirigentes de la IX marcha indígena a algunos funcionarios del Gobierno, que no les dejaron volver a sus territorios con mil argumentos; las declaraciones de funcionarios de algunos organismos internacionales (OEA y Unasur) que expresaron que sólo estarán en algún momento de la consulta posterior como veedores. En fin, ¿qué hacer frente a esta total chipasón? A estas alturas es muy difícil creer en la transparencia de la “Consulta post”. Ya se publicita que la comunidad Oromomo revocó la intangibilidad y aprobó la construcción de la carretera, ¿no es vulnerar el resguardo de los resultados de la consulta hasta su finalización? Aunque en la comunidad de San Miguelito se tuvo el resultado contrario.
Una solución sería dejar todo en fojas cero. Es decir, anular las leyes 180 y 222, dejando al tiempo y a las comunidades del TIPNIS la responsabilidad de decidir qué se hace hacia adelante con el proyecto de construcción de la carretera. Si no hay intereses de por medio, ¿por qué no se asume esta salida? Este argumento prácticamente dejaría derrotada a la derecha, si es que realmente sus representantes están detrás de todo esto.
La otra medida sería llevar el asunto a una consulta nacional, pues el TIPNIS no es sólo territorio indígena, es también “área protegida” y “parque nacional”. Además, se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra políticas desarrollistas y capitalistas. Entonces, esta salida, para el Estado plurinacional anticolonial y anticapitalista, lo fortalecería mucho. ¿Janicha ukhamaxa?
