La violencia en los recintos escolares suele ser corriente. De diversas formas y grados diferentes, se producen agresiones entre compañeros, de los estudiantes hacia los maestros u otras autoridades educativas, y de estos últimos hacia los alumnos. Días atrás, el Gobierno aprobó una norma que intenta reducir este tipo de abusos, especialmente en la última categoría.
En efecto, el Decreto Supremo 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas, aprobado el miércoles por el Presidente del Estado, instruye a los directores departamentales de Educación y a las autoridades del Ministerio del ramo iniciar procesos contra profesores, directores o administrativos de colegios que sean acusados de maltratos contra la integridad física, sicológica y sexual de los alumnos. Asimismo, establece la suspensión sin goce de haberes de quienes tengan una imputación formal. En caso de sobreseimiento, el imputado será restituido y se le devolverán los haberes retenidos.
No cabe duda de la importancia de frenar los abusos físicos y psicológicos cometidos por algunos docentes contra los estudiantes. Norma tanto más importante por cuanto seis de cada diez alumnos sufren agresiones en los establecimientos educativos, ya sea de parte de sus compañeros o de las mismas autoridades y profesores, según estima un estudio de la organización Plan Bolivia, elaborado el año pasado.
Al respecto, representantes del magisterio urbano y rural coinciden en la necesidad de contar con una norma que sancione los maltratos. Sin embargo, cuestionan el hecho de dejar sin salario a las personas que sean imputadas mientras dure su investigación, pues ello significa violar la presunción de inocencia de la que debe gozar cualquier acusado, según lo establece las leyes nacionales e internacionales.
Además, les preocupa la posibilidad de que la norma sea utilizada para tomar revancha contra aquellos docentes que amonesten o reprueben a los alumnos indisciplinados y perezosos. Preocupaciones válidas, si se toma en cuenta que muchos alumnos tienden a victimizarse cuando corresponde que sean castigados o aplazados; y que muchos padres de familia dan por cierta la versión de sus hijos, sin siquiera escuchar a la parte contraria. En este sentido, es de esperar que este decreto sea normado con mucho cuidado, para que su aplicación recaiga sobre quienes efectivamente incurren en abusos contra los alumnos; y a la vez impida que algunos estudiantes y padres de familia se valgan de él para “deshacerse” de autoridades y docentes estrictos pero justos.
Asimismo, cabe esperar la difusión correcta de esta norma, de tal manera que persuada potenciales maltratos, pero también evite que los alumnos se sientan “intocables”, mermando en este sentido la autoridad del docente y la disciplina en el aula, aspectos fundamentales para el aprendizaje y la enseñanza.
