La semana pasada, a instancias del Órgano Electoral, se realizó el seminario internacional “Hacia una nueva Ley de Organizaciones Políticas”, que tuvo entre sus conclusiones principales la necesidad de reponer el financiamiento estatal a los partidos políticos, que fue suspendido en 2008 para destinar ese dinero a las organizaciones de personas con discapacidad.
En el evento, los invitados extranjeros, especialistas en la materia, coincidieron en la necesidad de reponer el financiamiento, calificándolo de “esencial” o “muy importante”. La razón fundamental para apoyar un subsidio estatal a las organizaciones políticas está en que al recibir fondos públicos están obligadas a transparentar sus finanzas. Este principio de transparencia es importante en la medida en que gracias a él los partidos políticos están impedidos de obtener financiamiento de fuentes ilícitas o de aquellas que podrían producir conflicto de intereses una vez que dicha organización acceda al ejercicio del poder.
Pero, por el otro lado, y como sostuvo el Presidente del Estado reiteradamente antes de 2008, sin el necesario control y seguimiento, los partidos pueden caer en la tentación de hacer mal uso de los recursos públicos; como efectivamente sucedió, o, en el mejor de los casos, no necesitar de ellos, como se preciaba el Mandatario recordando sus austeras y sin embargo exitosas campañas proselitistas. Asimismo, es difícil cuestionar la decisión de destinar ese financiamiento a fondos más urgentes, tales como el creado en 2008 en favor de las personas con discapacidad.
Con todo, el encuentro de la semana pasada ha sido sólo la primera de tres fases previstas por el Órgano Electoral: la primera, cumplida con el seminario internacional para la recolección de insumos; la segunda, con la redacción del proyecto de ley; y una tercera que involucra la socialización de documentos a instituciones y sectores. “Esperamos tener listo el proyecto para diciembre”, declaró el vocal del Tribunal Electoral responsable del evento. Asimismo, los delegados de partidos políticos propusieron la creación de una comisión redactora, con el fin de incluir todas las observaciones de los frentes.
También se planteó temas de debate como el transfugio político o cómo mejorar la imagen de los partidos políticos, así como el porcentaje de votos que deben alcanzar para seguir vigentes, o el papel del TSE en las elecciones internas de las organizaciones políticas y la equidad de género.
Hay, pues, mucha tela para cortar en materia de legislación del trabajo de las agrupaciones y partidos políticos, y aunque pareciera no ser urgente, en los hechos es necesario darle prisa a la definición de la nueva ley de partidos, pues más de un líder ya ha manifestado su voluntad de iniciar la campaña rumbo a las elecciones previstas para fines de 2014.
