Primero fue Leopoldo Fernández en Pando, le siguió Reyes Villa en Cochabamba, luego fue Paredes en La Paz, después Mario Cossío en Tarija, siguieron Fidel Herrera en Sucre, René Joaquino en Potosí y Ernesto Suárez en Beni. El acoso a Samuel Doria Medina es permanente. Ahora es el turno de Juan del Granado, Luis Revilla en La Paz, y Rubén Costas en Santa Cruz. En seis años, hay al menos una veintena de autoridades electas despojadas de su cargo y perseguidas judicialmente. Uno a uno, gobernadores, alcaldes y dirigentes de partidos de oposición están cayendo víctimas de la judicialización de la política.
Como los caminos del poder autoritario suelen ensancharse sin límites, también son víctimas de la judicialización de la política las y los líderes de la Central de Pueblos Indígenas de Boliviano (Cidob), y del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a quienes no sólo les están cayendo acusaciones, sino se les está haciendo “búsquedas bajo la alfombra”.
En esta situación, parecen confundirse o difuminarse las diferencias obvias, muchas y muy grandes, entre las historias, desempeños, errores, delitos (en algunos casos) y condiciones de estos personajes. Porque lo que se muestra como razón principal es, sencilla y rotundamente, su oposición al Gobierno. De tal modo que la mejor manera de lograr que nuestro perezoso sistema de justicia se alerte es ejercer oposición política.
El verbo judicializar, por tanto, se usa desde hace mucho. En la última edición del Diccionario de la Real Academia Española tiene el significado de “llevar un asunto por la vía judicial en lugar de hacerse por otra vía, generalmente política”. Derivado de este verbo aparece el sustantivo judicialización, que significa “resolver disputas, no estrictamente judiciales, recurriendo a decisiones de la justicia” (Fundación del Español Urgente).
Perseguir a quienes hacen oposición política con denuncias, demandas, juicios y cuanto recurso y procedimiento legal haya es una vieja táctica que usaron desde siempre los llamados partidos tradicionales. Lo mismo que es viejo el impulso de cooptar el sistema de justicia. No por antiguas, sin embargo, son formas aceptadas sin reparo y, menos aún, legítimas. Sobre todo cuando quienes la ejercen en la actualidad tienen un discurso diferenciador de esas prácticas. Por eso, no es tanto lo que sorprende, sino lo que indigna, y duele, verlos hacer lo mismo que en acción de otros criticaron. ¡Tan frágil es el discurso frente a la voracidad del poder!
Al ejercer la judicialización de la política como una forma sistemática de amedrentamiento, deslegitimación y persecución de quienes piensan diferente de aquellos que están momentáneamente en ejercicio del poder gubernamental, se vulneran el principio universal de libertad y los derechos a la libre expresión, movilización y representación. En buenas cuentas, se está vulnerando el propio ejercicio legítimo de la política, convertida, de forma increíble, en mala palabra por quienes de ella se ocupan y se sirvieron intensivamente en el cercano pasado.
Lo peor, sin embargo, no es sólo este tejemaneje de discurso y malas prácticas, sino que la judicialización de la política tiene una contra cara, tan infame como ella, que es la politización de la justicia. Como ambos procesos se dan al mismo tiempo y se alimentan mutuamente, la descomposición democrática e institucional que producen es una vorágine que, como suele ocurrir, termina por contaminar a sus propios gestores.
