Tras el desenlace del contrato entre Jindal y el Estado, una serie de anuncios variopintos tratan de explicar lo que serán en el futuro los intentos, ya repetitivos, de producir acero y sus derivados en el país. Al margen de posiciones extremas sobre este asunto, resulta claro que vivimos un periodo de incertidumbre que debería ser aprovechado para revaluar las posibilidades de encarar adecuadamente el futuro del proyecto.
Hace años en un escrito (La Patria, 14-09-07) anotaba que “la industria del hierro y el acero es como todo, un negocio donde ganan los más competitivos…”; y en otro más reciente (La Razón 25-02-10) recomendaba “dividir en módulos la administración del proyecto, módulos que deberían ser manejados por especialistas…”. Estas reflexiones vienen al caso de la realidad que nos rodea. Argentina tiene cuatro plantas que en conjunto tienen una capacidad de producción de 5,5 millones de toneladas anuales (Mta) de acero, 2,5 Mta de hierro de reducción directa (DRI) y 1 Mta de arrabio. Brasil tiene siete complejos que pueden producir 19 Mta de acero; Perú tiene dos plantas con una capacidad de 700 mil t/año de acero; y por último, Colombia tiene las mayores reservas de carbón mineral del subcontinente, esencial para la industria del acero (USGS, Mineral facilities of Latin América & Canadá, 2010). Como se ve, por lo menos en el mercado regional la competencia es dura, nuestro mercado interno es muy pequeño, y la opción de mercados de ultramar debe enfrentar elevados costos de transporte para salir a la costa primero y llegar a los mercados después.
Este panorama regional nos obliga a ser cuidadosos en la elección de mercados y productos intermedios (DRI y/o arrabio) para la región y en la elaboración de una estrategia para acceder a reservas de carbón y a mercados de ultramar, mientras solucionamos los problemas de infraestructura, gas y provisión de energía para la acería. ¿Sabemos a quién vender nuestra producción en la región y el mundo?, ¿es esta aventura rentable y para qué mercados? No olvidemos que la mitad del yacimiento lo explotará el Estado a través de Comibol y Empresa Siderúrgica del Mutún ESM.
Si en tan largo periodo de liberalismo la empresa privada no se interesó en estos proyectos es por nuestra realidad geográfica y geopolítica, que los hace negocios marginales, poco competitivos y de retorno incierto. Hay, sin embargo, maneras de hacer las cosas que deberían ser analizadas. De ahí la recomendación de acudir a especialistas en cada etapa del proyecto e implementarlo modularmente. Si el proyecto minero en primera instancia no es económicamente factible será muy duro seguir, sin acceso al mercado global minero vía inversiones en la región y en ultramar, sin juego en las bolsas de valores (así sea invento capitalista) y sin la posibilidad de alianzas estratégicas empresariales y/o entre Estados. Estas herramientas pueden ayudarnos a llegar a una economía de escala que compense nuestras debilidades, con mejores perspectivas.
Ojalá y con suerte el nuevo Código de Minería pueda tener pautas de solución al accionar de operadores mineros; el futuro de éste y otros proyectos es, desde todo punto de vista, incierto. Las buenas intenciones no bastan, los negocios mineros son globales, de alta tecnología y competitivos, por ello su manejo debiera recaer en los mejores especialistas.
