Una de las críticas más comunes y tradicionales en el país es la falta de objetivos nacionales y de políticas de Estado, que independientemente de los gobiernos de turno, se mantengan, logren continuidad y tiendan a alcanzarse. Obviamente que para ser sostenibles estos objetivos deben ser consensuados, compartidos y aceptados, especialmente en cuanto a las políticas para alcanzarlos.
En este marco, la lucha contra la pobreza ha sido un objetivo implícito desde hace muchos años. A partir de la renegociación de la deuda externa desde 1986 eran frecuentes los Programas de Alivio de la Pobreza, exigidos por los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID. Para renegociar la deuda externa en el Club de París, a última hora se preparaban los programas de alivio de la pobreza.
Sin embargo, lo que se evaluaba y monitoreaba eran los programas de ajuste estructurales, las metas fiscales al detalle; incluso mensuales, incluidos los montos establecidos, que formaban parte de la condicionalidad externa para la entrega de recursos y la renegociación de la deuda. Así se estableció incluso una categoría internacional, los parias del escenario global como eran los Países Pobres Altamente Endeudados, países HIPC por sus siglas en inglés.
A nivel mundial, Naciones Unidas logró establecer los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que incluyen un conjunto de metas específicas a ser alcanzadas por los países. Entre ellas, reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar al día. Para el caso de Bolivia, la meta de la reducción de la extrema pobreza es del 24% en 2015. Los países empezaron a publicar sus estudios; y en Bolivia UDAPE elaboró varios informes sobre los ODM con un seguimiento continuo.
Producto de los programas de alivio de la deuda, el desempeño del sector externo y la política macroeconómica aplicada, Bolivia logró reducir el peso de la deuda externa de más del 50% del PIB al 15%, cumpliendo con gran holgura los umbrales establecidos para los países HIPC, lo que le ha derivado de hecho ya no ser considerado en los rankings de organismos internacionales, como el Banco Mundial, como país altamente endeudado. El desempeño económico a su vez le ha permitido aumentar los ingresos per cápita de mil dólares a más de dos mil dólares, lo que lo ubica como país de ingresos medios todavía bajos.
Las políticas económicas y sociales han permitido una de las reducciones más aceleradas, 12 puntos porcentuales entre 2005 y 2009, ubicando ya, según mis estimaciones, el nivel de extrema pobreza de 2011 en el 24%; es decir, menos de un cuarto de la población, cumpliendo ya la meta de los objetivos del milenio en forma anticipada. En el próximo informe de UDAPE se espera que se confirme este cumplimiento.
Es en este marco que se debería entender las declaraciones del presidente Evo Morales, en el sentido de que para 2025 se haya erradicado la extrema pobreza. Debe ser un objetivo nacional compartido por todos y más aún, las políticas sociales aplicadas, junto a las macroeconómicas deberían ser políticas de Estado, independientemente de los gobiernos que vengan hasta 2025. No debería ser una meta impuesta por los organismos internacionales, sino por los propios bolivianos.
