Hace poco más de una semana, el empresario del cemento y máximo dirigente de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, difundió un rumor con intención de afectar la imagen del Presidente del Estado. No pensó en ese momento que el daño se lo hacía a sí mismo, poniendo en riesgo su carrera política, al extremo que el lunes tuvo que pedir disculpas públicas.
En efecto, con una intencionalidad claramente política, el empresario y político señaló en un programa televisivo que el Mandatario se había convertido en padre nuevamente, y añadió luego, a través de su cuenta en Twitter, que la madre es una menor de edad, a su vez hija de la Ministra de Desarrollo Productivo y Tierras.
En primera instancia, el objetivo político se cumplió, pues logró lesionar el honor del Presidente al sugerir que había cometido estupro, pero sobre todo dañó el honor y la dignidad de una menor de edad y de toda su familia, cometiendo delitos punibles que están tipificados en el Código Niño Niña Adolescente, y en la recientemente promulgada Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Previsiblemente, el rumor desató una enorme ola de comentarios que, sin embargo, se refirió a diversos aspectos del efecto político, incluyendo críticas a la reacción gubernamental, especialmente la de las mujeres del gabinete y las líderes de la Asamblea Legislativa, pero sin compadecerse casi en ningún momento de la menor afectada y del efecto que tuvo y tendrá en su vida la irreflexiva “revelación” del industrial del cemento.
Como no podía ser de otra forma, la ministra Achacollo, madre de la menor injuriada, anunció el inicio de un juicio penal contra Doria Medina, quien hasta ese momento había mantenido una soberbia actitud de ratificación de sus palabras. Mas, probablemente enfrentado a la posibilidad de perder en un juicio de esas características, resolvió el lunes último dar un paso atrás y en conferencia de prensa expresó públicas disculpas a la Ministra afectada, olvidando mencionar al Mandatario y a la principal víctima.
Falta saber si tras la satisfacción pública la Ministra, que ya anunció que no acepta disculpa alguna, retirará la demanda o continuará con el proceso y si, de darse la primera opción, el Ministerio Público continuará con la investigación de oficio, pues se trata de delitos públicos.
Es, pues, un acto de hidalguía reconocer los errores y pedir disculpas públicas por ellos, sobre todo cuando se trata de acusaciones sin respaldo. Por ello mismo, sería deseable que también se disculpara con La Razón, diario al que acusó de ser propiedad del Vicepresidente del Estado cuando es de público conocimiento la verdadera identidad de su propietario. No hacerlo es ratificar su voluntad de hacer política a través de la mentira. Nosotros, como diría Doria Medina, no nos referiremos más a este tema.
