El último Informe La Razón, publicado ayer, versa sobre un asunto que preocupa e implica a gran parte de la población boliviana: la existencia de cientos de zonas en el país que pueden sufrir derrumbes, deslizamientos, mazamorras e inundaciones. Preocupación que sin embargo no termina de traducirse en políticas de gestión de riesgos y sistemas de alerta temprana.
En efecto, periodistas de este diario pudieron acceder a información preliminar del primer Mapa de Amenazas Geológicas de Bolivia, que será concluido y presentado en diciembre por el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin). Según este estudio, en el occidente del país existen al menos 200 zonas donde se pueden presentar deslizamientos, derrumbes, mazamorras y ocasionalmente actividades sísmicas y volcánicas. En el oriente, el mayor peligro deviene de las inundaciones, que estacionalmente afectan a cerca de 2.000 lugares.
Pese a que estos fenómenos se repiten periódicamente, en regiones claramente identificadas, enterrando poblaciones enteras, poniendo en riesgo la vida de las personas y animales, arrasando cultivos y viviendas, son muy pocos los gobiernos municipales (menos del 30%) que cuentan con unidades de gestión de riesgos o mapas geológicos, esenciales para conocer las características del suelo donde se asientan sus pobladores.
Se sabe que el costo de enfrentar una emergencia (ya sea un deslizamiento, una inundación o una epidemia) no sólo es mucho mayor que el de prevenirlo, sino también y sobre todo menos efectivo. En efecto, una gestión responsable con miras al futuro permite evitar o al menos atenuar las consecuencias de los desastres naturales y reaccionar ante imprevistos de gravedad. Y si bien en un principio se necesita invertir tiempo, dinero y esfuerzos para consolidar un sistema planificado, participativo e integral para la reducción de las condiciones de riesgo de desastres, con el tiempo, los gobiernos locales y los hogares se podrían ahorrar ingentes cantidades de recursos y molestias, ocasionados por las pérdidas agrícolas y estructurales que éstos generan; sin olvidar los elevados gastos en los que se incurre cuando se presentan. Además, y más importante aún, la prevención es la única manera de salvar vidas.
En tal sentido, cabe recordar que a medida que el desarrollo urbano crece, los riesgos de inundación y deslizamientos aumentan. Ello debido a que los pobladores suelen perturbar los mecanismos que encauzan y amortiguan naturalmente el curso de las aguas, con la tala de árboles, la construcción de viviendas, caminos y descargas de desechos, desestabilizando los suelos desprovistos de vegetación. De allí la importancia de contar con estudios geológicos, planes de urbanización y unidades especializadas, para encarar y sobre todo manejar los riesgos naturales.
