El fin de semana, en el municipio cruceño de San Pedro, funcionarios de la Intendencia colocaron veneno en pedazos de carne, que posteriormente fueron diseminados por las calles e incluso en algunos domicilios, con la intención de frenar la acelerada proliferación de canes. Hasta la fecha, 56 perros murieron por este hecho y se estima que podrían ser más de 200 los afectados.
Cabe preguntarse cómo es posible que un gobierno municipal llegue a incurrir en medidas de esta naturaleza, que son no solamente crueles sino también riesgosas, pues además de provocar una dolorosa y prolongada agonía entre los perros, pueden afectar a otros animales de granja (tal y como sucedió por ejemplo con varios chanchos y patos), y poner en peligro la vida de los seres humanos, especialmente de los niños.
No cabe duda de que esta brutalidad se debe, entre otras razones, a la falta de institucionalidad y de unidades especializadas que impera en algunos municipios del país. Lugares donde, en caso de situaciones extremas, las autoridades muchas veces recurren a medidas improvisadas, que por lo general son no sólo inadecuadas sino que resultan incluso contraproducentes, ello porque se adoptan sin seguir ningún protocolo o sin siquiera examinar su alcance y posibles externalidades.
